EDITORIAL | Bajas laborales, una referencia de más que dudoso honor para León
León tiene el más que dudoso honor de figurar a la cabeza del país por duración de las bajas laborales, con una media de 72 días. Y además, según los datos del Ministerio de Empleo, sólo en los seis primeros meses de 2017 se registraron 4.500 procesos de incapacidad temporal, lo que supone igualar todas las del año pasado. Ese incremento no es un fenómeno exclusivo de la provincia: la tasa de absentismo laboral repuntó en 2016 hasta situarse en niveles de 2009 y la tendencia apunta en el mismo sentido. Las bajas laborales derivadas de una incapacidad temporal por enfermedad común no dejan de crecer en todo el país y la previsión es que este año se aproximen a los 4,8 millones, lo que equivale a que más de 990.000 empleados no acudan a su puesto de trabajo ningún día del año. Estas bajas detraen más de 5.700 millones de la Seguridad Social, otros 5.000 millones de las empresas y suponen un coste de oportunidad realmente inasumible.
El absentismo laboral, es decir, la ausencia del trabajo estando prevista la asistencia, tiene un coste total de 72.500 millones. Sin embargo, los especialistas consideran que esa cifra podría reducirse hasta los 18.000, lo que sin duda supondría un alivio para la Seguridad Social. Eso sería posible evitando gastos innecesarios en la farragosa burocracia administrativa y sobre todo el uso indebido de la prestación.
La incapacidad temporal es un fenómeno complejo que tiene repercusión en distintos ámbitos, no sólo a nivel sanitario sino también económico y social. Se estima que su impacto en España alcanza el 1,2% del Producto Interior Bruto. Con independencia de quien gestione y pague la prestación económica, el coste que supone es alto para todos los agentes implicados: el propio trabajador, la empresa, la Seguridad Social y el sistema público de salud.
El déficit de la Seguridad Social supera los 1.000 euros por afiliado por primera vez y el agujero financiero del sistema rondaba los 18.500 millones al cierre de 2016, además de dañar gravemente los balances de las mutuas, que registraron unas pérdidas de 330 millones de euros por esa gestión. Se calcula que el 35% de las bajas se producen de manera fraudulenta y que eso supone un coste por trabajador a la empresa de 482 euros anuales. Es inaceptable que el segundo país más longevo del mundo tenga las peores ratios de abstencionismo laboral por contingencias comunes. Por eso, mientras se debaten en la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo posibles reformas para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones, parece necesario vigilar el uso indebido de la prestación. Porque acabar con ese fraude tendría un impacto positivo no sólo para la Seguridad Social y las mutuas, sino sobre todo para la competitividad empresarial, la generación de empleo y, en definitiva, para el crecimiento económico, dentro del irrenunciable respeto a los derechos de los trabajadores.