Menos ayuntamientos
Silla baja | josé álvarez de paz
Media España vivirá fuera del mercado de trabajo antes de mediados de este siglo: por cada diez personas en edad de trabajar habrá casi nueve en edad de jubilación o menores de 16 años. Nuestra pirámide de población asocia datos tan singulares como la más alta esperanza de vida y la más baja tasa de fertilidad. Los resistentes, obedeciendo la consigna «del monte al llano, del llano al mar», se acercarán a las conurbaciones, huyendo del rural donde los servicios mínimos son más caros e ineficientes, precisamente porque el 75% del reparto de los ingresos del Estado está en función de los censos locales, concretamente un 40% menos de lo que reciben por habitante los municipios que superan los 50.000 habitantes. De ahí la necesidad de reabrir el debate de la fusión de ayuntamientos, con el fin de reducir costes y mejorar servicios, máxime en el Bierzo donde ya tenemos un Consejo Comarcal, y en Castilla y León donde el 90% de los ayuntamientos tienen menos de mil habitantes, tope mínimo que señalaba la Constitución de Cádiz, mientras que el Real Decreto 3.046/1977 establece la agrupación forzosa de los municipios con menos de 5.000 habitantes para el sostenimiento de la secretaría municipal. A pesar de ello, viva Cartagena, en el 2008 había en España cien ayuntamientos más que en 1981, proceso incompatible con la sostenibilidad local que exige la Declaración de Hannover suscrita por 36 países europeos. Más de 40 pedanías bercianas y más de 400 de toda la provincia de León navegan en la sombra analógica, sin reemisores que les permitan ver la TDT.
Las fusiones de ayuntamientos significan mayor austeridad en el gasto público, sin merma de la calidad de los servicios para todas las personas, sea cual fuere el lugar de residencia. El instrumento será un pacto entre todos los partidos, desde la generosidad, renunciando a intereses partidarios a corto plazo como puede ser mayor número de concejales y diputados provinciales, revisando el rol de las diputaciones, reduciendo el número de ediles y diputados, también los gastos estructurales. Se les pide, en fin, que sean capaces de mirar por lo de todos y por los comunes provechos dejar los particulares.