El Colegio de Médicos se querella contra Funbierzo por injurias y calumnias
Villarig niega que se cobre 31 euros de tasa por el certificado de defunción y exige a la funeraria que rectifique o pedirá una indemnización de un millón de euros
El presidente del Colegio de Médicos, José Luis Díaz Villarig, ayer en la rueda de prensa.
El presidente del Colegio de Médicos, José Luis Díaz Villarig, anunció ayer que presentará una querella criminal por injurias y calumnias contra los responsables de Funbierzo, funeraria que acusa a la organización colegial del cobro de 31 euros por la tasa mortuoria. Villarig exigirá una rectificación pública de Eugenio Ugidos, consejero de la funeraria, o le pedirá una indeminización de un millón de euros al considerar que perjudica al colectivo con sus acusaciones.
Villarig explicó ayer en rueda de prensa que todas las funerarias de León -”excepto los Jardines con la que están actualmente en conversaciones y otras tres con menor actividad-” firmaron hace tres años un convenio «voluntario» con el Colegio de Médicos «para ofrecer un mejor servicio al ciudadano» en la tramitación del certificado de defunción por la que el órgano colegial se compromete «a agilizar, vigilar y establecer un mayor control» sobre la expedición de estos certificados en la provincia. Las funerarias y el Colegio de Médicos se comprometen a una contraprestación de servicios, «que benefician la asistencia a los ciudadanos, que ven agilizados todos los trámites con las mínimas molestias tras el fallecimiento de un familiar». Enseñó las facturas que se remiten a las funerarias por las que se cobra 3,48 por el certificado de defunción más el 16% de IVA, «y el resto es la cantidad pactada fruto del convenio, que todas las funerarias aceptaron de forma voluntaria porque todos estamos de acuerdo en que es un buen servicio para el ciudadano».
Villarig explicó que Funbierzo decidió hace un mes romper este convenio, firmado para cinco años. En la querella que el Colegio presentará en los juzgados de Cacabelos, se manifiesta que las acusaciones de estafa por parte del representante de la Funeraria «están hechas con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad, a la par que vierte expresiones que lesionan la dignidad de la conciliante, menoscaban su fama y atentando contra la propia estimación». En la celebración del acto de conciliación, Villarig exigirá a los responsables de la funeraria una rectificación pública por acusar al colegio de embolsarse «de forma fraudulenta» esta cantidad.
Servicio para el ciudadano. Villarig destacó que la provincia de León es en la única en la que, gracias a la firma de este acuerdo con las funerarias, se ejerce un control y seguimiento sobre la expedición de los certificados de defunción.