La jueza pide a la Dirección General de Policía que perite las arcas de Cacabelos
La resolución judicial reclama también las actas de las sesiones plenarias, las de las junta de gobierno y las comisiones celebradas en el Ayuntamiento desde el 2005
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Ponferrada dictó el viernes de la semana pasada un auto en el que pide a la Dirección General de la Policía (DGP) y de la Guardia Civil «la práctica de la prueba pericial» y el examen de la contabilidad del Ayuntamiento de Cacabelos». Esta decisión se suma a la declaración ayer en el juzgado de cuatro de los concejales del equipo de gobierno, liderado por el alcalde socialista José Manuel Sánchez y el informe presentado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León en el que, tras apuntar que desde el municipio de la villa del Cúa se han puesto trabas al acceso a la información, se detectaron diferencias en la circulación bancaria en relación a los saldos de las cuentas.
En el auto dictado por la jueza también se pide la copia de todas las actas de las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Cacabelos, de las juntas de gobierno y de las comisiones celebradas desde el año 2005 hasta la actualidad. El reclamo se realiza a los archivos de la Junta de Castilla y León, con copia compulsada.
En el informe del Consejo de Cuentas se hizo hincapié en las «limitaciones» a la hora de realizar la fiscalización de la rendición de cuentas y llevanza de la contabilidad de Cacabelos, ya que «en unos casos se desatendió los requerimientos y en otros se dilató sistemáticamente el envío y el acceso a la información». Sin embargo, se precisó que la aprobación de los presupuestos del 2006 se realizó incumpliendo los plazos fijados en la legislación y que la memoria carece de parte de la información pertinente, así como que el sistema de información contable tiene deficiencias respecto a las operaciones de endeudamiento e inmovilizado.
La oposición, PP e IU, denunciaron el año pasado las actuaciones del gobierno del PSOE, a los que acusan de irregularidades contables y de un presunto delito de falsedad documental, que finalmente provocó que la Fiscalía lo denunciara en el juzgado número 6.
La solicitud de la intervención de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil se produce después de que el alcalde, José Manuel Sánchez, ya declarara el pasado 17 de febrero. Ayer acudieron al Palacio de Justicia los cinco ediles socialistas también imputados. La juez reclama asimismo la presencia de un funcionario J.S.V.