Cadena perpetua
Silla baja josé Álvarez de paz
SE comprende, pero no se comparte, la teoría de un padre que ha perdido a su hija, salvajemente asesinada. Más difícil es entender el posicionamiento de un partido político democrático y constitucional, flirteando a favor de la cadena perpetua, máxime si ha gobernado ya bajo la actual Constitución Española. No parece que vayan por ahí los signos de los tiempos en un Estado donde en menos de treinta años hemos pasado de 18.583 a 76.771 reclusos, el porcentaje de presos más alto de Europa.
La tasa de criminalidad en España es inferior, no obstante, a la media europea: 47,6 delitos por cada cien mil habitantes frente al 70,4 de media comunitaria. Tenemos dos colectivos bajo sospecha pública gratuita, alentada por pescadores de votos en río revuelto. Son los inmigrantes y los menores. Una reciente encuesta revela un dato sorprendente: el 45% de católicos practicantes frente al 41% del conjunto de los españoles encuestados, piden cerrar la puerta a los inmigrantes. Fruto de la siembra de Jiménez Losantos, tan alejada del Concilio Vaticano II: «Jesús mandó a sus seguidores tratarse como hermanos, creando una nueva comunidad fraterna» (GS, 32).
En cuanto a los menores, un colectivo de fiscales y penalistas encabezados por Félix Pantoja, fiscal del Tribunal Supremo, revelaba que las penas aplicadas a los menores en España pueden llegar a diez años de internamiento por cada delito cometido, aunque la delincuencia de menores es inferior al 2% de los adultos y de mucha menor gravedad. Casi el 1% de menores entre 14 y 18 años recibe aquí cada año una sanción penal, diga lo que quiera alguna asociación de víctimas manipulada, que presenta esto como el paraíso de la impunidad y el desmadre consentido. Sobre la ineficacia disuasoria de la cadena perpetua o de la pena de muerte, los datos son abrumadores e incontestables: ese tipo de medidas salen muy caras a los contribuyentes y no sirven en modo alguno para reducir la delincuencia, realmente no sirven para nada. En todo caso el art. 25,2 de la Constitución Española consagra la reinserción del penado como un objetivo irrenunciable de nuestra política penitenciaria.