Análisis | c. Fidalgo
El Ministerio nunca impuso el pago de dos millones a los alcaldes por el canal
El Convenio de Gestión firmado por el secretario de Estado del Agua y Acuanorte propone acudir a créditos y a tarifas de riego, sin involucrar a los ayuntamientos
La factura de dos millones de euros que la empresa pública Aguas de la Cuenca del Norte (Acuanorte) quiere que paguen los ayuntamientos de Ponferrada, Camponaraya y Carracedelo para completar el presupuesto de 40 millones de euros que costará la modernización de los regadíos del Canal Alto y Bajo del Bierzo nunca fue impuesta por el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. Las pretensiones de Acuanorte -”que involucra por primera vez a tres ayuntamientos en el pago de una modernización de regadíos apoyándose en el beneficio para todos los ciudadanos que tendrá la eliminación del canal y la correspondiente liberación de hasta 57 hectáreas de suelo y un corredor de 11 kilómetros cuyo titular es la Confederación Hidrográfica del Miño Sil en realidad-” no figuran en la encomienda de gestión que el secretario de Estado del Medio Rural y del Agua, Josep Puxeau, firmó con el presidente de Acuanorte, Jorge Marquínez a comienzos del mes de mayo.
El Convenio de Gestión Directa para sustituir el tradicional riego a manta por el riego a presión en el Bierzo establecía una fórmula de financiación donde en ningún momento aparecía ninguno de los tres ayuntamientos. La encomienda a la que ha tenido acceso este periódico establece que el 10 por ciento de la inversión la financie Acuanorte con recursos propios, el 70 por ciento con los fondos europeos que caducan en diciembre del 2013 y «el resto del importe» «acudiendo a los mercados financieros, a través de las correspondientes operaciones de captación de recursos ajenos», o lo que es lo mismo, con créditos bancarios cuya amortización «será recuperada por la Sociedad de los usuarios (Junta de Castilla y León y las comunidades de regantes del Canal Alto y Canal Bajo del Bierzo) mediante las tarifas que se fije en el convenio a suscribir con los mismos». La encomienda añade que «si los usuarios realizan aportaciones para financiar las obras, dichas aportaciones tendrán el carácter de tarifas anticipadas, reduciendo el importe a financiar acudiendo a los mercados financieros». La encomienda del Ministerio a Acuanorte también establece un plazo de ejecución de las obras de 36 meses para no perder los fondos europeos, deja la explotación en manos de la empresa pública y fija un plazo para recuperar la inversión de «un máximo de 45 años».
Agravio entre ayuntamientos . Un mes después, y como ya publicó este diario, Acuanorte decidía involucrar en la financiación a los tres municipios del Canal Bajo, pero no a los cinco del Canal Alto (Arganza, Cubillos, Cacabelos, Sancedo y Cabañas Raras), porque los regantes de Ponferrada, Camponaraya y Carracedelo se negaban a asumir un coste que consideraban excesivo. De esta forma, Acuanorte pretende que Ponferrada asuma el 80 por ciento de los dos millones (1,6 millones), Camponaraya el 11,9 por ciento (240.000 euros) y Carracedelo el siete por ciento (140.000 euros). Y con el argumento de «simplificar la gestión financiera», Marquínez ha propuesto que los tres municipios abonen el importe a la comunidad de regantes firmando el correspondiente convenio -”algo que genera dudas legales por no ser una administración-” y en un plazo de sólo 25 años.