La insolvencia del Consejo deja una deuda de 300.000 euros a cuatro empresas forestales
El ente comarcal admite desvío de fondos para nóminas y acusa a la Junta de no pagar gasto corriente
Los trabajos forestales impagados son indispensables para la prevención de incendios.
La delicada financiación del Consejo del Bierzo y la controversia política que siempre la envuelve empieza a tocar de lleno a las empresas proveedoras de la institución comarcal. Cuatro compañías forestales dedicadas a tratamientos selvícolas previos a las campañas antiincendios, lo mismo que otra serie de pequeñas constructoras o proveedoras de materiales y servicios, están contra la pared por los impagos de la entidad que tiene su sede en el Edificio Minero. La situación más grave por el volumen de la demora en los pagos es la de las cuatro empresas medioambientales citadas, a las que según constatado este periódico se les adeudan trabajos por importe de 300.000 euros. Buena parte de ellos fueron realizados el año pasado.
El presidente del Consejo Comarcal, el socialista José Luis Ramón, admitió ayer esa deuda. Ya adujo que los impagos a proveedores se producen como consecuencia de las dificultades para afrontar pagos corrientes. Fundamentalmente para las nóminas y la Seguridad Social de los trabajadores de la administración comarcana. Por esa razón Ramón concedió que se han desviado fondos en general para otras partidas, como las medioambientales, con el fin de evitar problemas de índole salarial. Para el gobierno comarcal está plenamente justificado dicho desvío. Sobre todo, porque como enfatizó, en estos momentos el Consejo no ha recibido ninguna de las partidas que la Junta de Castilla y León debería haber liberado en lo que va de año para atender a los gastos corrientes. En enero, por ejemplo, se deberían haber recibido casi 400.000 euros para sufragar el funcionamiento de la institución durante el primer trimestre, ya vencido.
La Junta sí pagó 1,5 millones. En medios de la Administración autonómica, en cambio, se confirmó a este periódico que el Consejo Comarcal recibió en diciembre del 2010 la partida finalista de 1,5 millones de euros que la Junta de Castilla y León había comprometido para esa anualidad para atender los servicios medioambientales. Por consiguiente, según esas fuentes, no deberían existir problemas para saldar las deudas con las empresas contratadas, salvo que se empleara el dinero para otros capítulos no vinculados.
En medio de este desbarajuste y de la guerra de cifras, lo cierto es que además de los 300.000 euros que suman las facturas pendientes con la empresas forestales, el volumen de impagos a proveedores a cuenta de saldar gastos corrientes se eleva en estos momentos a unos 450.000 euros. Pequeñas constructoras que han ejecutados obras del plan destinado a juntas vecinales también reclaman a las pedanías 35.000 euros.