Pérez dice que no se llevó el dinero de nadie y que se ocultó en la República Dominicana

Camuflado bajo una gorra y unas gafas de sol, y sin barba. Así se presentó ayer en el Palacio de Justicia de Ponferrada el que fuera propietario de la constructora Ponsferrata, Faustino Pérez - Tino -, que declaró por primera vez ante el juez como imputado por un presunto delito de estafa, alzamiento de bienes y apropiación indebida, después de permanecer en paradero desconocido durante dos años y medio, y en busca y captura internacional por huir, supuestamente, con el dinero de una treintena de familias que habían adelantado un pago para la compra de viviendas en el barrio de Flores del Sil. Delito, éste, que el promotor negó con rotundidad ante la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Ponferrada. Aseguró que en su huida no se llevó el dinero de nadie, sino que lo ingresó en una cuenta en Caja España.

Faustino Pérez argumentó en su declaración que si abandonó precipitadamente el país fue porque había sido amenazado y que finalmente decidió entregarse porque ya no soportaba la presión. Esto es lo que reprodujo ayer, en declaraciones a este periódico, uno de los abogados de la acusación, Marco Antonio Morales, que adelantó que existen pruebas suficientes para desmontar la versión del constructor. «De ser cierto que el dinero fue ingresado en una cuenta corriente, la entidad bancaria deberá aportar el extracto. No obstante, el dinero no está ahí, porque a través del concurso de acreedores se ha acreditado que no hay tal cantidad», apuntó el abogado. La deuda contraída por se aproxima a los 3,5 millones de euros, de los cuales alrededor de un millón lo debe, supuestamente, a particulares.

La única prueba que aportó el imputado -asegura la acusación- es su propia palabra. De hecho, en su intervención, el constructor aclaró que durante todo este tiempo ha permanecido en República Dominicana y que allí trabajaba para poder subsistir. Albañil o camarero fueron algunos de sus oficios. Datos todos ellos inconcretos, según los abogados de la parte denunciante, para quienes la presión no es lo que hizo Faustino Pérez se entregara, sino más bien la postura de la Fiscalía, que a finales del 2010 remitió un escrito en el que pedía el sobreseimiento del caso por entender que los hechos no son constitutivos de un delito de estafa. Algo con lo que no comulgan los denunciantes, que piden cárcel para el imputado. «Discrepamos totalmente y en el caso que no prospere la acusación por estafa, cabe acusarle de un delito de alzamiento de bienes, en el que ha concurrido más que sobradamente», significó el abogado Aníbal Fernández.