El constructor fugado, en prisión

La magistrada del número 5 de Primera Instancia e Instrucción de Ponferrada envió ayer a la cárcel al constructor Constantino, Tino , Pérez. De este modo la titular de la sala puso el epílogo eventual a dos años y nueve meses de la truculenta historia del citado promotor, fugado después de que su empresa no pudiera entregar los pisos a una treintena de modestos compradores que le llegaron a adelantar casi un millón de euros.

La encargada del caso dictó a primera hora de la mañana un escueto auto a través del que se acordaba el ingreso en prisión de Faustino Pérez Vega. La resolución se produjo una vez cumplido el plazo de 72 horas que se otorgó al acusado el pasado jueves día 6 para que tratara de reunir una fianza de 200.000 euros con la que eludir el encarcelamiento.

La mañana del lunes se hizo sin embargo mucho más larga para Tino Pérez y su familia, que le acompañó al Palacio de Justicia de la capital berciana para constatar la imposibilidad de hacer frente a la fianza. El acusado permaneció en los juzgados hasta casi la una y luego fue trasladado en un vehículo de la Guardia Civil a los calabozos del Ayuntamiento ponferradino, desde donde partió definitivamente a primera hora de la tarde hacia la prisión provincial de Mansilla de las Mulas.

En todos los círculos conocedores del caso se consideraba altamente improbable que el constructor pudiera reunir en tres días los 200.000 euros fijados por la magistrada el jueves para esquivar la prisión provisional. Entre otras razones porque Pérez ha sostenido en todas sus declaraciones que cuando huyó a la República Dominicana lo hizo sin un euro de los compradores a los que dejó en la estacada. Las peores previsiones financieras para el promotor y sus familiares se cumplieron.

Los abogados de los damnificados, al margen de que contra el auto de prisión todavía debe resolverse un recurso de la defensa, lo que esperan a partir de este momento es que en la fase de instrucción se practiquen nuevas pruebas que puedan conducir a demostrar que el constructor, propietario de la empresa Ponsferrata, ha incurrido al menos en los delitos de apropiación indebida y alzamiento de bienes. «Con el agravante de que una vivienda es un bien de primera necesidad», recalcó Marco Antonio Morala, letrado que representa a la mayoría de la treintena de los perjudicados por la pérdida del dinero que entregaron a cuenta en la promoción del barrio de Flores del Sil que nunca se levantó. La cárcel era lo que exigían los compradores, indignados cuando conocieron que tras su detención el 11 de junio en el aeropuerto de Barajas se dictó inicialmente un auto de libertad condicional.

Por delante. Los representantes de los afectados esperan que la instrucción del caso pueda estar rematada antes de que finalice el año. El Juzgado número 5 de Ponferrada es uno de los más masificados de la provincia, incluso de la comunidad. A partir de ese instante se abriría un proceso intermedio en el que las partes deberían presentar sus calificaciones de cara a la celebración de un juicio que unos y otros esperan que se fije cuanto antes. La prisión preventiva decretada para el constructor se extiende durante un plazo máximo de dos años. Ese periodo se juzga que debe ser suficiente para que el caso quede visto para sentencia.