Azuara espera la resolución del recurso de Aetical para valorar la decisión
La asociación tecnológica denuncia presuntas irregularidades en un concurso
Felipe Moreno, Tomás Castro y Zaqueo Azcona, en la presentación del recurso.
El director general de la Fundación Ciuden, José Ángel Azuara, señaló ayer que esperará la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales sobre el recurso presentado por la ASociación de Empresas Tecnológicas de Castilla y León (Aetical), antes de manifestarse sobre el asunto. Azuara reclamó que se respete la presunción de inocencia en las declaraciones de este tipo, y se mostró confiado en el valor del contrato licitado. En cualquier caso, insistió en que «existen unos mecanismos de garantía para preservar los derechos de los licitados, y están en su derecho de utilizarlos. Pero presentar un recurso no preconcluye nada».
El presidente de Aetical, Tomás Castro, explicó que el Observatorio Jurídico que acaba de constituir la asociación ha presentado un recurso contra la resolución de adjudicación a Indra del servicio de consultoría tecnológica y suministro de aplicaciones para el Museo Nacional de la Energía. Los servicios jurídicos entienden que existen dos supuestas irregularidades en la valoración económica de las propuestas y en la falta de motivaciones en la explicación de los criterios aplicados para tomar la decisión.
Por su parte Azuara mostró ayer su sorpresa porque Aetical esté en contra de los criterios del pliego, y en lugar de haber recurrido este haya presentado el recurso contra la decisión tomada basándose en esos criterios.
El pasado 15 de junio se adjudicó a Indra el servicio por algo más de un millón de euros. Una licitación a la que acudió también la UTE formada por Telvent, Tecnosylva y Proconsi. El recurso argumenta que la Ciuden aplicó en el concurso el mayor número de puntos posibles a la propuesta económica más baja (la de las empresas locales), pero concedió una cantidad similar de puntos a la propueta de Indra, más cercana a la cantidad de salida de la licitaciónm, con lo cual «se vacía de contenido la valoración económica del concurso y hace que dé prácticamente lo mismo la diferencia de precio presentada». Un criterio que desde la asociación que defiende los intereses de las empresas tecnológicas locales es «absolutamente desproporcionado e injusto».
«Esta forma de actuar vulnera los principios de proporcionalidad, igualdad y equidad que deben presidir las contrataciones públicas, según señala el Tribunal Supremo», lamenta Tomás Castro.