Una multa de 6.000 a 300.000 euros y demoler lo construido sin licencia

El nuevo alcalde de Fabero debería pagar una multa de entre 6.000 y 300.000 euros si el expediente sancionador abierto a su empresa por ampliar sin licencia la vivienda que construye concluye con una sanción. Y eso sin contar que José Ramón Cerezales tendría que «restituir la legalidad urbanística», o sea, demoler lo construido sin licencia, según recomienda el arquitecto municipal. «Se trata de una infracción urbanística grave, de la misma categoría que la de la fábrica de ruedas, por poner un empleo, y la multa es considerable», advirtió el ex alcalde.

Expediente a una concejala del Mass. La sanción a Cerezales -"al que este periódico intentó ayer localizar sin éxito-" no es además la única que pesa sobre un miembro del equipo de gobierno del PP y el Movimiento Alternativo y Social (Mass), que con cinco concejales de 13, gobierna en minoría. Canedo reveló que la cuarta teniente de alcalde, del Mass, Ana María Vicente Vega, también tiene abierto un expediente por infracción urbanística leve al construir una planta más en su casa cuando sólo había solicitado licencia para cambiar el tejado. La multa a la que se enfrentaría sería de un máximo de 6.000 euros porque la infracción sí sería legalizable en este caso.

Canedo pidió a Cerezales que actúe o dejará la impresión de que aceptó ser regidor en minoría -"el PP sólo tiene tres concejales-" «para tapar su expediente y que su intención era ser alcalde a cualquier precio».