Una inversión de 19 millones, siete en ayudas públicas, se desvanece en el aire

La factoría de LM Windpower en Ponferrada está amortizada. Así se lo hacía saber el pasado viernes el presidente del comité de empresa, Gabriel Garnelo, al propio ministro de Industria, Miguel Sebastián, durante el encuentro que mantuvieron en el Museo Nacional de la Energía, para expresar su perplejidad por el traslado de la producción a Castellón, donde al contrario que en La Llanada, las naves son de alquiler.

Y está amortizada en buena parte gracias a las subvenciones públicas que la compañía recibió en el momento de su instalación. De los 12,9 millones de inversión reconocidos por la empresa en el expediente que remitió a la Junta de Castilla y León en 1999 para recibir fondos públicos, la compañía acabó beneficiándose de la aportación de 4,3 millones de euros del Plan del Carbón, según datos del PSOE, y de 2,4 millones, también del Estado, en concepto incentivos regionales (el 19 por ciento de la inversión) y de otros 389.229 euros de fondos de la comunidad autónoma (el tres por ciento) dentro del plan de ayudas de Interés Especial, según los datos facilitados por la Consejería de Economía y Hacienda. Si sumamos los seis millones de euros que LM destinó posteriormente en una ampliación de la factoría —la Junta no ha aclarado si también recibió subvenciones adicionales— el resultado es que la multinacional danesa habría recibido siete millones de euros de fondos públicos de una inversión global de 19 millones de euros.

El compromiso de LM en 1999 fue mantener la inversión durante cinco años y dos el empleo, según informó la Consejería.

Con la inversión amortizada, el terreno y las instalaciones en Santo Tomás de las Ollas de su propiedad, el comité de empresa no entiende los motivos reales por los que la compañía quiere dejar Ponferrada. Gabriel Garnelo mostró su «desconfianza» en la dirección empresarial, agudizada por el plantón que recibieron el pasado jueves, cuando la compañía trató de desconvocar el encuentro organizado en Ponferrada para notificar a los trabajadores su marcha, pero no avisó a todos los delegados, ni lo hizo por escrito. El comité, al menos los miembros que no pertenecen a UGT, no se cree que la baja demanda eólica en el sur de Europa, argumento empleado por la dirección, justifique el cierre. En primer lugar, porque la producción se traslada a otro lugar de España, a una planta nueva en Castellón, que estaría afectada por las mismas circunstancias. «Si tienen algo contra Ponferrada, deberían aclararlo», afirma Garnelo.