Los forestales piden ayuda para detener al autor del fuego de Pradilla, aún activo

«La impunidad de los incendiarios conlleva costes económicos, ecológicos y de vidas humanas. Es por ello que nos dirigimos a todos aquellos que puedan aportar pistas para esclarecer la autoría del incendio de Toreno». Así encabezan un escrito los agentes medioambientales de León en el que reclaman la colaboración ciudadana para detener al autor del incendio de Pradilla, que el pasado viernes obligó a desalojar de sus casas a la mitad de la población de esta pequeña localidad toreniense de 25 habitantes.

Aunque controlado, el incendio intencionado que comenzó el pasado martes en el monte de Pradilla y se reactivó el viernes, continuaba ayer activo. Cuatro brigadas forestales de la Junta seguían trabajando en la zona, junto con dos agentes medio ambientales y un bulldozer—en total cerca de 25 personas—, ante los constantes rebrotes por las rachas de viento, que reactivaban las llamas. Los miembros de la Unidad Militar de Emergencias, que también se habían desplegado para atajar las llamas en Pradilla, regresaron ayer a su base en Ferral. Los forestales aún no han perimetrado cuánto daño ha hecho el fuego, aunque se estima que más de 40 hectáreas de matorral y bosque se han visto afectadas.

Castigo acorde con la gravedad del hecho. Los agentes del Seprona de la Guardia Civil ya han comenzado la investigación para descubrir al autor del incendio, que comenzó en tres focos diferentes. Los agentes forestales piden la colaboración de los vecinos de la zona para descubrir quién incendió el monte. «En muchas ocasiones, previo al delito, se justifica o incluso se dan amenazas previas. Por ello es importante que cualquiera justificación o amenaza se pongan en conocimiento de la Guardia Civil», insisten los agentes medioambientales, que también reclaman a jueces y fiscales que «otorguen a este tipo de delitos la gravedad que tienen». Por este motivo, exigen que se facilite la toma de declaraciones, «sin continuar con el encubrimiento de los que sabiendo, callan».

El Código Penal —artículos 351 y 352— contempla penas de prisión de uno a cinco años a aquellos que incendien montes o masas forestales. En el caso de que comporte un peligro para la vida o integridad física de las personas, serán castigados con la pena de prisión de diez a veinte años, aunque los jueces y tribunales podrán reducir las penas en función de los daños y las circunstancias del hecho.

Los forestales extinguieron ayer por la tarde otro foco en Valdecañada y controlaron otro incendio en Villadecanes, al que acudió un helicóptero.