El celador acusado de incendiario pagó una multa de 650 euros por caza furtiva
La Junta reinició la sanción, que está recurrida, tras «caducar» un primer intento.
El celador de la Reserva de Caza acusado de incendiar Los Ancares tiene más de un frente abierto. Alberto García González ya ha pagado una multa de 650 euros por caza furtiva con la que le sancionó el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, después de que el año 2005 fuera sorprendido por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil con un corzo abatido sin el precinto correspondiente. El expediente sancionador, reiniciado por la administración después de que un primer intento «caducara», está recurrido por el celador, que sin embargo —y según confirmó a este periódico el jefe del Servicio Territorial, Mariano Torre— pagó la sanción sin esperar a la resolución de su recurso de alzada, todavía pendiente.
A pesar de que Alberto García González había declarado la pasada semana ante una jueza de Ponferrada que el expediente sancionador por caza furtiva había quedado archivado «por falta de pruebas», la Junta confirmó ayer que fue precisamente la existencia de «pruebas claras» —las declaraciones de los agentes del Seprona se consideran como tal— lo que llevó a la administración a reiniciar todo el procedimiento, una vez que el primer intento «caducó» al agotarse los plazos legales. «Se trata de una infracción que no prescribe, por eso volvimos a empezar», explicó ayer Torre, reconociendo la gravedad que supone que alguien encargado de combatir el furtivismo, supuestamente caiga en él.
El celador, —que anteayer sufrió un accidente de tráfico el camino vecinal de Paradaseca, cuando acudía a la sede de la Junta en Ponferrada para entregar las llaves del vehículo y recibir la comunicación de su suspensión cautelar de funciones— también ha recurrido la resolución de la Junta que a comienzos de año le apartó de la jefatura de la Reserva Regional de Caza de Los Ancares, estimando la queja de otro celador que aducía más méritos.
Dos expedientes, un juicio y un pleito. El supuesto incendiario acumula así dos expedientes de la administración para la que trabaja, aunque sin la condición de funcionario; uno abierto por el fuego de Los Ancares y otro pendiente de recurso por caza furtiva. Alberto García está inmerso además en medio de un proceso penal por el delito de incendio y todavía tiene por resolver el proceso por la plaza de celador mayor de la Reserva en un juzgado de lo social.
El supuesto vehículo oficial de Alberto García fue visto en las inmediaciones del incendio de Porcarizas y Campo del Agua por varios testigos en torno a la hora en que comenzó el incendio del pasado 17 de octubre. El acusado, sin embargo, asegura que a la hora en la que se propagaron las llamas, a las 15.56 horas, tomaba café en casa de una vecina de la localidad de Villar de Acero.