Diario de León

Villafranca también reclama el traslado del supuesto incendiario

La alcaldesa respalda la petición de las pedanías de Ancares.

Extinción de un incendio en Los Ancares, en octubre.

Extinción de un incendio en Los Ancares, en octubre.

Ponferrada

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La alcaldesa de Villafranca del Bierzo se sumó ayer a la petición de las cinco pedanías de Los Ancares que han reclamado a la Junta de Castilla y León el traslado del polémico celador acusado del incendio que el pasado 17 de octubre calcinó 305 hectáreas en Porcarizas por amenazar supuestamente a los vecinos. La socialista Conchi López reconoció que el celador —en libertad con cargos como presunto autor del incendio y de baja tras sufrir un accidente de tráfico cuando acudía a entregar su vehículo oficial y recibir la notificación de su suspensión de funciones— «parece ser que es una persona conflictiva», que venía arrastrando problemas con algunos vecinos de la zona de La Somoza.

«Él decía que los vecinos se saltaban las normas y los vecinos que el que se las saltaba era él», resumió López. Además de la investigación judicial por el incendio de Porcarizas, Alberto García González, que está en pleitos con otro trabajador de la Junta por la plaza de celador mayor, también ha pagado una multa de 650 euros tras ser sorprendido con un corzo abatido irregularmente. García Gónzalez ha recurrido la medida disciplinaria, reabierta por la Junta después de que un primer intento de sancionarle «caducara».

López admitió que algunos vecinos de los pueblos de La Somoza —Campo del Agua, Villar de Acero, Tejeira, Porcarizas y Paradaseca— «le tenían un poco de miedo», al celador. «Es gente muy mayor, la que vive en las pedanías y tienen miedo», insistió.

El celador, sin embargo, ha argumentado ante la jueza que lo interrogó que los testimonios en su contra pueden obedecer a sus prohibiciones, dentro de su función de velar por la Reserva Regional de Caza de Los Ancares. Entre los testigos, sin embargo, hay personas que no residen habitualmente en los pueblos afectados por los incendios.

La Junta mantiene su intención de comunicarle a Alberto García su suspensión de funciones. Los cinco pedáneos de Los Ancares, sin embargo, lo quieren lejos independientemente de cual sea su situación procesal o laboral.

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