El juzgado cita a 15 testigos para aclarar si el celador imputado incendió Ancares
Declararán el día 31 dentro de las diligencias que instruye el juzgado número ocho.
Trabajadores de las brigadas forestales, en el incendio de Porcarizas (Villafranca), el pasado 17 de octubre.
Quince testigos. Y todos están citados el mismo día. El juzgado número ocho de Ponferrada, encargado de las diligencias abiertas para investigar la autoría del incendio que calcinó 305 hectáreas en Porcarizas (Villafranca) el pasado mes de octubre, ha concentrado en el próximo martes 31 de enero las declaraciones de 15 personas cuyos testimonios deben servir para aclarar si el celador de la Reserva de Caza de Los Ancares imputado por los hechos, Alberto García, acabará siendo juzgado por un jurado popular en la Audiencia Provincial.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) confirmaron además que el juzgado todavía está valorando si las distintas asociaciones que se han presentado como acusaciones particulares al margen de la Junta de Castilla y León —seis colectivos ecologistas— deberían ejerecer la acusación popular, lo que les obligaría a ingresar una fianza. Tanto desde la Fundación Oso Pardo, como desde los cinco grupos que comparten procuradora y abogado (Plataforma en Defensa de la Cordillera Cantábrica, Ecologistas en Acción, A Morteira, Tyto Alba y Urz), aseguraron ayer que en su escrito de personación solicitaron ejercer la acusación popular. Ninguno ha ingresado una fianza.
«Ya nos hemos personado antes como acusación particular en casos de envenamiento de animales», aseguraba ayer Guillermo Palomero, de la Fundación Oso Pardo. Los jueces siempre han considerado a la Fundación, que también denunció en su día a Alberto García por furtivismo, como parte perjudicada.
Emilio de la Calzada, de la Plataforma en Defensa de la Cordillera Cantábrica, recordó que la decisión de personarse como acusación particular de los cinco grupos ecologistas partió de la necesidad de que asociaciones independientes tuviera acceso a toda la información del caso, independientemente de la Junta de Castilla y León «que es juez y parte» porque el celador, suspendido de sus funciones, no deja de ser un trabajador de la administación.
Las acusaciones particulares de los grupos ecologistas no tenían ayer constancia de la citación, confirmada por el TSJ, aunque por el elevado volumen de testigos, debería incluir tanto a las personas que declararon a la Guardia Civil que vieron el supuesto vehículo oficial del celador en la zona del incendio, el pasado 17 de octubre, como los que sustentan la versión del acusado, que afirmó que se encontraba tomando café en casa de una vecina de Villar de Acero.
Alberto García está en libertad con cargos por incendio forestal después de pagar una fianza de 10.000 euros.