El juez deja en manos de un jurado el caso del celador imputado por incendio
Notifica el inicio del procedimiento para juzgar al acusado de quemar Los Ancares.
Un miembro de una cuadrilla contra incendios, caminando sobre tierra quemada en el fuego de Porcarizas, el 17 de octubre.
Dos semanas después de tomar declaración a 13 testigos para aclarar la autoría del incendio que el pasado 17 de octubre calcinó 305 hectáreas en la Reserva de Caza de Los Ancares, el titular del juzgado número ocho de Ponferrada ya ha notificado a las partes la incoación del procedimiento para que un jurado popular de once personas juzgue en la Audiencia Provincial de León al celador acusado de quemar el monte en el entorno de Porcarizas (Villafranca del Bierzo).
Aunque la resolución todavía no es firme y la defensa puede recurrirla, el magistrado entiende que el carácter intencionado del incendio del que se acusa a Alberto García lo convierte en un delito doloso incluido dentro de la Ley del Jurado y será la Audiencia Provincial la que se encargue de juzgarlo, según señalaron fuentes próximas al caso. Una vez que concluya la instrucción en el juzgado ponferradino y a la espera de que tanto la Fiscalía como las acusaciones populares de seis colectivos ecologistas y la particular de la Junta de Castilla y León presenten sus escritos de calificación, la administración elegirá por sorteo una terna de 22 personas para que el juez y las partes seleccionen finalmente a once personas.
La decisión de dejar el caso en manos de un jurado popular ya tiene dos precedentes en la comarcal del Bierzo, aunque en los dos casos, la conformidad de los acusados con la pena evitó la celebración de una vista oral, haciendo innecesario que once ciudadanos se pronunciaran sobre la inocencia o culpabilidad de los imputados para que el juez impusiera sentencia. Se trata de un vecino de Igüeña, condenado en el año 2003 a pagar 758.000 euros de indemnización y a 18 meses de cárcel y 18 de internamiento por quemar 400 hectáreas de monte, y otro vecino de Torre del Bierzo, sentenciado un año después a pagar 57.000 y a una pena de un año de cárcel y otro de multa.
Las acusaciones populares consideran que las «declaraciones y pruebas contundentes» sobre la presencia del coche del celador en el lugar del incendio han servido para que el juez haya tomado la decisión de seguir adelante.