La Audiencia revisa pruebas que incriminan a Martínez Núñez en los ataques a Sindo Castro

La Audiencia Provincial de León revisará el próximo 10 de junio la principal prueba de cargo que incriminaba al empresario berciano José Martínez Núñez en la cadena de atentados que sufrió Sindo Castro entre 1996 y 1999, en lo que se conoció como la guerra del hormigón. Los tres jueces del tribunal de apelación —al que ha recurrido el industrial maragato después de que el Juzgado de lo Penal de Ponferrada absolviera en febrero del 2011 al dueño de Catisa y La Estrella y a los otros cuatro acusados en una polémica sentencia— han decidido valorar ahora la confesión extrajudicial de José Villanueva, quien, en una conversación con agentes de la Guardia Civil grabada en prisión con autorización judicial, reconoció su participación directa en los atentados, aseguró que «Martínez Núñez estaba detrás de todos los sabotajes» y pagaba «medio millón de pesetas por planta y camión» atacado, según recordó ayer el bufete de abogados de Sindo Castro en una nota.

Villanueva, que cumplía una pena de prisión por homicidio cuando habló con los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se desdijo después de su confesión y el juzgado de lo Penal que juzgó los hechos en noviembre del 2010 en Ponferrada decidió anular la grabación como prueba de cargo, lo que a la postre evitó que Martínez Núñez resultara condenado y dejó impunes, hasta el momento, los ocho sabotajes y el ataque con un cóctel molotov que sufrió la vivienda de Sindo Castro cuando su familia se encontraba en el interior de la casa.

La Audiencia Provincial de León, sin embargo, acaba de notificar a las partes la celebración de una audiencia pública, o vista en segunda instancia, para que «todos los acusados» y los principales testigos de la acusación comparezcan de nuevo el 10 de junio, porque «no comparte» la decisión del juez Óscar Hernáiz de prescindir de la grabación de Villanueva como prueba de cargo. La confesión de Villanueva «resulta incuestionablemente procedente», según los tres magistrados de la Audiencia que revisan el caso.

Los jueces quieren escuchar otra vez «a los dos agentes de la UCO de la Guardia Civil que grabaron con autorización judicial, una extensa conversación con el acusado José Villanueva mientras permanecía en prisión», señalan en un auto notificado el pasado viernes a las partes. Los magistrados se apoyan en la jurisprudencia para conceder «plena validez (como prueba testifical) a dichas declaraciones» a pesar de la posterior retratación del acusado.

«Pagaba en metálico»

En su confesión ante los agentes, Villanueva aseguraba que el empresario berciano pagaba por los sabotajes «en metálico, en la planta de Villalibre de la Jurisdicción» —según señala el bufete de Sindo Castro— y aseguraba que los 61 detonadores y los 50 metros de línea de tiro hallados en el domicilio de los hermanos Pintado Palomo, de la agencia de detectives D’Ajenti, procedían de «canteras pertenecientes al grupo de empresas Martínez Núñez». Villanueva también relataba de qué forma se hacían con armas los hermanos Pintado y confesaba que las escondían en la barbacoa de su domicilio, incluyendo un subfusil automático que la Guardia Civil no llegó a encontrar en el registro. El acusado también «reconoce que los hermanos Pintado asesinaron al venezolano Rafael Wolfrang», otro supuesto implicado en la trama, y que el móvil que les llevó a matarle fue «el intento de chantaje a que sometía a los hermanos Pintado para no irse de la lengua», transcribe el bufete de Sindo Castro en la misma nota.

La confesión de Villanueva que el juzgado de Ponferrada no quiso valorar como prueba no se queda ahí y también habla de «dos guardias civiles, Prada y Carlos, que realizan actividades delictivas». El acusado también «manifiesta que le encargaron pegar una paliza a José Cuiña (por entonces consejero de Obras en la Xunta de Galicia) así como seguimientos». Y en la misma conversación aclaraba a los dos agentes, cuenta el letrado de Castro, que «el móvil de los continuos y planificados ataques» al industrial maragato que empezaba a hacerle la competencia abriendo plantas de áridos en el Bierzo durante las obras de construcción de la Autovía del Noroeste era «la guerra del hormigón... que quiere mandar en el Bierzo, porque son muchos millones al cabo del año».

El abogado de Sindo Castro entiende que la confesión extrajudicial de Villanueva «sería ya válida y eficaz per se para desvirtuar la presunción de inocencia y sustentar por sí misma una sentencia condenatoria, algo que el juzgado (de Ponferrada) por razones que nos resultan ilógicas e incomprensibles, ni siquiera valoró».

Junto a los dos agentes de la Guardia Civil, los magistrados de la Audiencia también han citado a declarar otra vez al Testigo Protegido A, que colaboró en la investigación y también vinculó a Martínez Núñez con los atentados. El juzgado de Ponferrada desestimó su testimonio por sospechar que podía haber cobrado dinero de Sindo Castro. Además del propio Sindo Castro, también está citada Rosario Fátima Castellanos, viuda de Rafael Wolfrang, y «todos los acusados», señala el auto judicial.

Carta de Wolfrang

Y entre las pruebas que la Audiencia revisará antes de resolver el recurso de apelación se encuentran informes de inteligencia policial, informes periciales de los Tedax, grafológicos y no menos importante, otra confesión extrajudicial, esta vez por escrito y del fallecido Rafael Wolfrang, que en una carta del 9 de abril de 1999 «reconoció al menos su participación en un acto de sabotaje».

Los magistrados también valorarán si merecen crédito las «alegaciones exculpatorias», afirma el bufete de Castro, de José Pintado Palomo, y el «silencio» de dos de los acusados; Timoteo Pintado, que renunció a declarar, y José Martínez Núñez, eximido de sentarse en el banquillo por el juez, que aceptó el argumento de su avanzada edad y su mala salud.