Silván apela a la «sensibilidad social» para pedir al juez que aleje al celador
El consejero de Medio Ambiente dice que la Junta «ha hecho todo lo que podía».
El celador, tras declarar ante el juez el 27 de octubre, después de su detención.
La alarma que ha creado la reincorporación al trabajo del celador de la Reserva de Caza de Los Ancares acusado de incendiar el monte llevó ayer al consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, a apelar a la «sensibilidad social» para que el juez que instruye la causa penal contra Alberto García ordene su alejamiento cautelar de los montes de utilidad pública, una vez cumplido el periodo máximo de suspensión de empleo y sueldo de seis meses que le impuso la administración tras su detención y puesta en libertad con cargos. El juzgado número ocho de Ponferrada ya rechazó hace unos días la petición de la Junta y de la Fiscalía por entender que el Código Penal no amparaba la petición.
«Tenemos que respetar y acatar las decisiones judiciales y la legislación administrativa», lamentó el consejero. Silván aseguró haber hecho «todo lo que se podía hacer» para lograr que el juzgado adoptara la medida cautelar de alejar al celador. La Consejería se ha dirigido al juzgado para exponer su rechazo a que «cualquier persona que tenga la más mínima mácula en relación con los incendios forestales no colabore en estos servicios». «Lo hemos intentado, pero el juzgado no ha considerado oportuna la petición. Eso sí, está recurrido», advirtió.
Y es que para el consejero Antonio Silván «cualquier trabajador» que esté «enmarcado» en un procedimiento relacionado con la quema de masa forestal —«aunque todavía no haya sido juzgado»— debe tener «cierta sensibilidad social».
Rechazo de los alcaldes Por otra parte, los alcaldes de Peranzanes, Villafranca del Bierzo y Candín instaron ayer a la Junta de Castilla y León y al juzgado que instruye la causa contra el celador de la Reserva de Caza de Los Ancares acusado de incendio que «resuelvan» cuanto antes el problema creado tras su vuelta al trabajo. El alcalde de Peranzanes, Vicente Fernández, que junto a las pedanías del municipio ya había reclamado públicamente el alejamiento del celador del municipio donde tiene asignada su plaza desde el pasado mes de diciembre, recalcó ayer que mantiene su rechazo y exigió una solución. «Es la Junta la que tiene que resolver este problema», opinó.
La alcaldesa de Villafranca del Bierzo, municipio donde se produjo el incendio, reconoció que «no ha gustado» saber que Alberto García, de 44 años, se ha reincorporado a la Reserva de Caza al cumplirse los seis meses de suspensión de empleo y sueldo —la administración no puede prorrogarla legalmente— tras su detención y puesta en libertad con cargos. López también entiende que además de la Junta, la Justicia es quien debe actuar para evitar que se produzca una situación indeseada. El alcalde de Candín, José Antonio Cachón, también entiende que el alejamiento del celador «es un tema que tienen que resolver otros», afirmó en alusión a la Junta y al juzgado.