El presidente del Canal anticipa el «no» al pacto de soterramiento antes de cesar
Lorenzo García se queja de que si hay baja de precio sea sólo para los ayuntamientos.
Con el reloj en cuenta atrás y la fecha tope del 31 de diciembre del 2012 para firmar el acuerdo, si no se quiere perder una inversión de 21 millones de euros en la modernización de los regadíos del Bierzo, el actual presidente de la comunidad de regantes del Canal Bajo del Bierzo advertía ayer que su posición es un «no» rotundo a la firma del acuerdo con Acuanorte si antes no se cambia una cláusula del convenio que afecta a los Ayuntamientos de Ponferrada, Camponaraya y Carracedelo. Lorenzo García adelantó que se muestra completamente contrario a que, en caso de que se produzca una baja en el precio del contrato de obra, la misma beneficie y se aplique en exclusiva a los tres municipios. Quiere que la misma se reparta también entre la comunidad de 6.700 propietarios de fincas beneficiadas por el nuevo regadío. García cree que, tal y como está la situación, es más que previsible que pueda repercutir una baja mínima del 10% en el coste global de los 27 millones de euros en los que se ha presupuestado la obra.
Con este planteamiento personal, García también desvelaba a este periódico que él no será obstáculo desde la presidencia para que pueda haber un acuerdo. Por eso, dejaba claro que ha adelantado al próximo 11 de noviembre la celebración de la asamblea general de regantes. En esa reunión se elegirá un nuevo presidente, puesto que según dijo, no se va a presentar a la reelección. García, que ha venido manteniendo claras diferencias con el alcalde de Ponferrada en todo este proceso negociador sobre el soterramiento del canal, señaló que el acuerdo anunciado el miércoles por el propio Carlos López Riesco y sus homólogos Raúl Valcarce y Fernando López Rellán, «no es nada nuevo y sólo intentan traspasar su responsabilidad a los regantes». Según García, en el último borrador que les envió Acuanorte figura que en caso de baja en la obra «no será redistribuida y beneficia más a los ayuntamientos».