El PP denuncia irregularidades en el Bembibre Arena por 252.000 euros
Exige que se ejecuten las actuaciones pendientes y amenaza con ir a los juzgados.
Imagen de archivo del Bembibre Arena, poco después de su construcción.
El Bembibre Arena podría ser el siguiente proyecto municipal de Bembibre en acabar en los tribunales, después de los nichos del cementario, por certificaciones de obra que no llegaron a ejecutarse, según el actual equipo de gobierno del PP.
A punto de finalizar el plazo de carencia tras el cual el Ayuntamiento de Bembibre debe asumir las responsabilidades por la obra del Bembibre Arena, el equipo de gobierno ha instado a la empresa constructora a que subsane las carencias detectadas, sin descartar acudir posteriormente a la vía judicial. El responsable de Obras, Federico Fernández, informó de que en la zona exterior del recinto faltapor ejecutar actuaciones como 320 metros de escollera de cuatro metros de altura, más de 6.000 metros cuadrados de distintas plantaciones, 300 metros de drenajes así como la ejecución deficiente o en distintas condiciones a las proyectadas en otras actuaciones. Todo ello con una valoración estimativa de 252.000 euros, «según establece el proyecto para cuando se ejecutó la obra. Actualmente su coste será mucho mayor», señaló Fernández.
El Ayuntamiento de Bembibre ya requirió a la empresa Constructora San José que subsanara estas deficiencias a finales de 2011. La empresa esgrimió las certificaciones en un informe en el que se señala que «las modificaciones del proyecto se realizaron con conocimiento o por decisión de la propiedad, es decir del Ayuntamiento de Bembibre». En esta situación, el equipo de gobierno que preside Manuel Otero ha decidió la incautación de los 39.480 euros de la garantía depositada por la empresa y el requerimiento «administrativo por la vía de apremio por la diferencia económica que no llega a cubrir esa garantía».
Ése es sin embargo un primer paso, según Fernández y en caso de no recibir el pago y «si se demostrara que se certificaron a sabiendas unidades de obras que no han sido ejecutadas, tal actuación podría ser tipificada como falsedad en documento público, y se solicitarán las responsabilidades que correspondan». Fernández añadió que el Ayuntamiento seguira «los pasos que nos recomiendan técnicos e intervención» e insistió en que hay que «evitar los posibles riesgos que conlleva la no ejecución de éstas obras», como el derrumbe del talud.
Iniciado el requerimiento de apremio a la empresa podrían continuar con la reclamación vía judicial por la certificación de obras no ejecutadas, incluyendo las responsabilidades penales.