El berciano Daniel Fernández, imputado por tráfico de influencias
Deja sus cargos en el Parlament y sigue de diputado por el PSC.
Daniel Fernández, durante una entrevista que concendió en Balouta en el 2010.
El hasta ahora secretario de Organización del PSC, el berciano Daniel Fernández, dejará «provisionalmente» su cargo, que ocupará Esteve Terradas, tras ser imputado ayer por tráfico de influencias, por lo que ha renunciado a sus responsabilidades institucionales en el Parlament aunque seguirá como diputado. Fernández, con raíces en el pueblo ancarés de Balouta, anunció en rueda de prensa, casi inmediatamente después de conocer su imputación, que abandona sus responsabilidades en la Mesa de la Comisión de Juventud del Parlament y en la de Asuntos Institucionales, pero no su acta de diputado.
«Tengo total convicción de que no he cometido ningún delito ni infracción en el asunto por el que he sido imputado, mi participación en este tema ha sido sólo dar mi opinión sobre un puesto de libre designación, una opinión que compartía la alcaldesa», dijo.
Fernández fue imputado ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), acusado de un delito de tráfico de influencias por supuestamente presionar a la alcaldesa socialista de Montcada i Reixac (Barcelona), María Elena Pérez, para contratar a un ex alto cargo del anterior gobierno tripartito, en lo que se ha denominado como el caso Mercurio.
Después de que el berciano diera sus explicaciones a los medios, salió a la palestra el líder del PSC, Pere Navarro, para expresar su «convicción» de que el diputado socialista es inocente y anunciar su reemplazo «provisional» por Terradas, un dirigente afín a la actual dirección, miembro de la Ejecutiva y que ya colaboraba con la secretaría de Organización del partido.
Navarro subrayó que este reemplazo es «provisional» hasta ver cómo evoluciona el caso, al tiempo que ha explicado que Fernández no deja su acta de diputado porque, en su opinión, de los cargos electos no se debe dimitir hasta que se abra juicio. Navarro es partidario de que, en virtud de la presunción de inocencia, los imputados no dejen sus cargos hasta que se abra juicio, postura que también defiende el president de la Generalitat y que incluyó en las medidas anticorrupción presentadas recientemente.