Alto Bierzo, con 130 mineros, presenta un concurso voluntario de acreedores
Los 3 millones que le adeuda Industria y la falta de compra de carbón es el detonante.
Si en el Grupo Alonso se optaba por presentar un expediente de extinción de empleo para 136 trabajadores de Uminsa, el problema del incumplimiento del pago de las ayudas del Ministerio de Industria a las empresas mineras tuvo ayer otro daño colateral y con una reacción diferente, pero coincidente a la hora de aplicar recortes en la plantilla minera.
En este caso son 130 trabajadores mineros de la empresa Alto Bierzo, que pertenecen al grupo del industrial Manuel Lamelas Viloria. La dirección de Alto Bierzo decidía aplicar un concurso voluntario de acreedores como una salida que considera única para evitar la desaparición y el cierre de la empresa.
El problema es acuciante y la empresa se lo ha trasladado a los sindicatos, que ayer celebraban por la mañana una asamblea. La situación es muy delicada porque Alto Bierzo no ingresa pagos que debería tener ya en su cuenta desde hace un año. El Gobierno central no está cumpliendo con lo pactado en cuanto a lo que estipula precisamente el Decreto de incentivos al carbón nacional y a la par otro incumplimiento gubernativo hace que las centrales térmicas no estén comprando el mineral autóctono que están sacando de la mina trabajadores como los de Alto Bierzo
Como no hay ingresos con los que se contaba de entrada esta empresa y como las eléctricas no acaban de admitir los cupos de carbón establecidos y permitir así la entrada de dinero en efectivo en Alto Bierzo, la dirección de la empresa ha optado como mal menor por el citado concurso voluntario de acreedores.
Algo que salvaría la situación sería que el Ministerio de Industria cumpliese con las ayudas pactadas con las empresa mineras, no sólo con Alto Bierzo, sino con otras que están viendo y comprobando con gran incertidumbre su asfixia económica.
Como dato revelador, tan sólo en el caso de Alto Bierzo —con los 130 trabajadores ahora en situación de expediente de regulación temporal de empleo— la Administración central le adeuda unos tres millones de euros que debía de haber abonado ya en el 2012.
El presidente del comité de empresa del pozo Casares, perteneciente al grupo empresarial Viloria, Rubén Fernández, no ocultaba ayer la ««intranquilidad añadida» por parte de los trabajadores ante el concurso voluntario de acreedores.