Los sindicatos creen que Uminsa y Alto Bierzo cumplieron con los cupos
. Con todo, esperan que el Juzgado de Ponferrada llegue al fondo de la investigación y se esclarezca todo.
Los sindicatos mineros no ponen la mano en el fuego por nadie sobre el caso del presunto fraude de 57 millones de euros en las ayudas al carbón en 2011 a las empresas Unión Minera del Norte (Uminsa), Alto Bierzo y Carbones San Isidro y María, denunciado por un particular y la Fiscalía de Área de Ponferrada ante el Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad. Eso sí, consideran que sería muy difícil cometer ese fraude, con un desfase de más de 1,2 millones de toneladas de carbón sin que lo detectasen los diferentes filtros administrativos y de fiscalidad a través de las preceptivas auditorías y controles.
Por eso, desde la parte social ayer domingo se inclinaban por la versión dada por los representantes legales de las empresas mineras Uminsa y Alto Bierzo, desde donde destacaron que la propia Administración central dictó una orden publicada el 8 de noviembre del mismo 2011 en el BOE, la ITC/3007, por la que se permitía a las citadas sociedades mineras un margen de tolerancia en las entregas del mineral del 35%. Como se recordará, en los datos facilitados por Uminsa al Juzgado de Ponferrada se indica que dicho margen de tolerancia que ellos aplicaron en esa anualidad fue del 34,8%, perfectamente legal en función de la orden ministerial.
Producción asturiana
De igual forma, a los sindicatos también les cuadra más el argumento de Uminsa frente a la denuncia que ahora se investiga en los tribunales sobre el detalle importante de que la Fiscalía y el particular denunciante no tuvieran en cuenta la producción de las explotaciones en la cuenca asturiana. Sumada esta producción con las minas de Castilla y León entienden que sí daría correcta la suma entre las ayudas públicas recibidas y las producidas y vendidas en térmica. Sea como fuere, los sindicatos esperan que el Juzgado aclare cuanto antes todo, para no perjudicar más a los trabajadores.