La Audiencia juzgará el 18 de noviembre al celador por el incendio de Los Ancares
El auto del juez rechaza pruebas solicitadas por la defensa del trabajador de la Junta.
El celador de la Reserva de Caza, vestido con su uniforme y en medio de dos agentes de la Guardia Civil tras su detención.
La fecha es el 18 de noviembre. La hora, las 10.30 de la mañana. Y el lugar, la Audiencia Provincial de León. Dos años después del incendio que devastó más de trescientas hectáreas de monte entre Porcarizas y Campo del Agua (Villafranca del Bierzo), el celador de la Reserva de Caza de Los Ancares acusado de provocar las llamas se sentará en el banquillo para que un jurado popular decida si existen pruebas para condenarle por un delito de incendio forestal, o por el contrario, no tuvo nada que ver con el fuego, según el auto del Tribunal del Jurado al que ha tenido acceso este periódico.
A.G.G, detenido a los pocos días del incendio y en libertad con cargos tras pagar una fianza de 10.000 euros, se enfrentará a una pena de cinco años de cárcel y al pago de 295.000 euros por los daños causados y los gastos de extinción del fuego, según la petición del Ministerio Fiscal a la que se han adherido la acusación particular representada por la Junta de Castilla y León y la acusación popular de la Fundación Oso Pardo. Ecologistas en Acción, también personada como acusación popular, eleva sin embargo, la petición de penas a los 18 años de cárcel por entender que se trata de un delito continuado de incendio y las llamas habrían puesto en peligro a las personas.
La defensa del celador de Medio Ambiente de la Junta, por el contrario, considera que el trabajador encargado de velar por la Reserva de Caza es inocente y se encontraba tomando café con una vecina de Villar de Acero en el momento del incendio. El acusado atribuye los testimonios que le señalan como presunto autor del incendio a la enemistad de los vecinos de la zona.
El auto del juez entiende que no ha lugar a algunas pruebas solicitadas por la defensa, que ha querido incluir en la causa un estudio psicológico que descartaría que sufra tendencias pirómanas, y que se repitiera la medición que efectuó la Guardia Civil del tiempo que tarda un todoterreno como el del acusado en recorrer la zona.
El celador fue sancionado en su día por caza furtiva y también ha tiene abierto otro proceso por supuestas amenazas a una testigo que le denunció por incumplir la orden de alejamiento. Y Ecologistas en Acción le acusa además de aportar falsos testimonios para construirse una coartada.