Solicitan 24 años de cárcel y cuatro millones en el juicio a nueve pizarreros
La Fiscalía les acusa de fraude a la Seguridad Social entre el 2003 y 2008.
Los nueve empresarios acusados de defraudar a la Seguridad Social comparecieron ayer en los juzgados de Ponferrada.
Nueve empresarios pizarreros de la comarca del Bierzo ocupan desde ayer y hasta el próximo miércoles su plaza en el banquillo de los acusados de la sala de lo Penal número 1 de Ponferrada, al imputárseles seis delitos de fraude a la Seguridad Social entre los años 2003 y 2008.
En la primera jornada se conocieron las peticiones del Ministerio Fiscal y la acusación particular. En ambos casos solicitan, para cada uno de los seis acusados 24 años de cárcel, a la vez que demandan una multa e indemnización, con responsabilidad penal subsidiaria que se eleva cuatro millones de euros. De igual forma, la Fiscalía reclama la inhabilitación para el ejercicio de actividades empresariales y mercantiles por cuatro años.
En este macrojuicio que se desarrollará durante tres jornadas en los juzgados de Ponferada se juzga el presunto proceder delictivo de esta empresas pizarreras a la hora de crear de forma ficticia una persona jurídica con el ánimo de defraudar a la Seguridad Social. En este supuesto fraude habían estado afectados 60 trabajadores, que habrían sido intercambiados entre estas empresas pizarreras con el ánimo de defraudar a la Seguridad Social.
Este punto fue rebatido por el abogado defensor de Pizarras Velasco, Hermenegildo Fernández, quien reconoció como política habitual entre las empresas pizarreras de la zona el «quitarse los trabajadores unas a otras en los momentos en los que la mano de obra escaseaba y había mucha demanda. No como ahora».
Asimismo, Fernández negó la existencia de «delitos, ni ilícita administración, porque presentaba todos los meses los TC1 y TC2, y la vez que más alta llegó a ser la deuda con la Seguridad Social fueron 9.000 euros, para lo que solicitó un aplazamiento y fraccionamiento en el pago», para finalizar apuntando que «la empresa a la que represento adeudaba 573 euros cuando iniciaron las actuaciones policiales».
Uno de los acusados, Andrés Velasco, aseguró mostrarse tranquilo por la petición del fiscal. «Me da igual que pidan 24 ó 25 . Yo estoy al día», precisó.
Otro de los abogados defensores, Aníbal Fernández, aseguró que su defensa se basará en negar «la existencia de relación comercial, societaria o administrativa alguna con las otras empresas imputadas».
A juicio del letrado, el procedimiento abierto contra su defendido arrancó «con un error en la investigación inicial, cuando se metió a todo el mundo en un mismo paquete por el simple hecho de estar todas las empresas en un mismo sitio y realizar la misma actividad».