La multinacional está tranquila, pero podría reclamar la inversión
Enel Green Power España recordó ayer que la instalación del parque de Peña del Gato supuso en su momento una inversión de 70 millones de euros, que en caso de llegar al extremo de tener que desmantelar las instlaciones, la multinacional podría reclamar a la Junta de Castilla y León.
«La empresa obtuvo los correspondientes permisos y en base a ellos actuó», insistió la portavoz de la empresa, por lo que las responsabilidades podrían recaer en los órganos administrativos que tramitaran las licencias y autorizaciones.
En la empresa, sin embargo, hay tranquilidad a la hora de afrontar el pulso por mantener abierto el parque y no está trabajando en la línea de reclamar a la administración porque confían en que el recurso ante el Tribunal Supremo salga adelante. «Lo cierto es que no nos lo hemos planteado» señalabala representante de la empresa.
Como los cielos abiertos
El fallo del TSJ que recurrirá la multinacional se apoyaba en otras sentencias similares como la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en noviembre del 2011 dclaraba ilegales las explotaciones a cielo abierto en Laciana y Babia porque afectaban a espacios protegidos de la Red Natura 2000.
La setencia no se queda sólo en la situación de las instalaciones de Peña del Gato. También hace referencia a la ausencia de valoración del impacto del resto de parques eólicos de la zona y de sus líneas de evacuación de la electriciadad y la subestaciones. Son los mismos argumentos que el tribunal empleó para anular los proyectos de Salce, Curueña II y Villabadín II, en el entorno de Riello.