El director territorial de ADE niega ante la jueza los motivos de la querella
El Director Territorial de la Agencia de Innovación, Financiación e Innovación Internacional (ADE), considera que dispone de documentación suficiente para rebatir la querella interpuesta por tres empresas, dos de ellas bercianas, que le imputan hasta ocho delitos en relación con la concesión y posterior revocación de subvenciones por un importe de casi diez millones de euros. No obstante, a instancias de su letrado, se negó a responder ayer en sala buena parte de las preguntas realizadas por la representación procesal de los querellantes.
El director territorial prestó declaración como imputado en Instrucción 5 de León. Negó que la Ley de Subvenciones se hubiera aplicado de forma incorrecta y explicó que cuando acudió a comprobar la veracidad de la compra de maquinaria por parte de una de las empresas, no encontró excavadoras ni camiones en la zona. También manifestó que algunos de los contratos de trabajo con los que se justificaban las inversiones con contratos de trabajo, correspondían a empleados cuyo código postal pertenecía a provincias muy dispares de toda España. Con ese argumento, rechazó que se hubiesen creado todos los puestos de trabajo prometidos.
No obstante, sí que reconoció haber recibido cestas de navidad de algunas de las empresas que estaban pendientes de trámites suyos. «También yo le regalo cestas a mi pediatra», repuso. Y del mismo modo, explicó que admitió informes de administrativos y de ingenieros sin comprobar su veracidad: «Yo no soy nadie para dudar de su palabra».
Tampoco explicó por qué dio validez y firmó la entrega de los contratos de trabajo remitidos por una de las empresas, a la que requirió después algunos de ellos que supuestamente se habían perdido y en base a cuya carencia alegó que faltaba documentación.
En la querella se considera que en diferentes actuaciones se podrían haber cometido delitos de revelación de secreto, calumnias, corrupción entre particulares, falsedad documental, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secreto, cohecho y prestación incompatible de servicios públicos y privados.
La jueza titular de Instrucción 5, Rocío González, ordenó la práctica de una serie de pruebas que se realizarán a continuación para continuar adelante con el procedimiento.