Trabajo localiza a doce operarios sin Seguridad Social en una nave agrícola

En plena campaña de la recogida de castaña y setas la Inspección de Trabajo ha dado con una explotación ilegal agraria, en la que había doce personas en situación laboral irregular. Fue a finales de octubre pasado, en una localidad del «norte del Bierzo», que desde la Subdelegación del Gobierno ayer han preferido no identificar. la propuesta de sanción global asciende a 82.513 euros.

Fueron funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social los que detectaron en una nave, donde se manipulaban productos del campo, la presencia de un total de doce trabajadores que no figuraban dados de alta en la Seguridad Social en el momento de la actuación inspectora. La mayoría de ellos eran extranjeros.

La actuación inspectora fue enmarca dentro de la programación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la lucha contra el empleo irregular en el sector agrario.

La Inspección de Trabajo sólo pudo identificar a nueve de los trabajadores presentes. Por este motivo tramitaron un acta de infracción «por obstrucción a la labor inspectora, calificada como muy grave» y por la que se propuso una sanción por un importe total de 30.000 euros. Se da la circunstancias de que las infracciones por obstrucción pueden ser sancionadas con multas de 6.251 euros a 187.515 euros.

Además de esta actuación, la Inspección de Trabajo levantó otra acta de infracción en materia de Seguridad Social por falta de alta en la Seguridad Social de un total de ocho trabajadores, proponiendo una sanción de 37.512 euros. En este caso, las infracciones por falta de alta en la Seguridad Social pueden ser sancionadas con multa de 3.126 euros a 10.000 euros.

Otra de las actuaciones sancionadoras llevadas a cabo por Trabajo se refiere a la ocupación de beneficiarios de prestaciones por desempleo sin ser dados de alta, situación en la que se encontraba uno de los doce trabajadores presentes. Aquí la Inspección de Trabajo propuso una sanción de 15.001,5 euros para el empleador y sanción de extinción de la prestación y devolución de las cantidades indebidamente percibidas para la persona empleada. «Además de las sanciones administrativas y de las correspondientes sanciones propuestas, los hechos podrían ser constitutivos de delito de conformidad con lo previsto en el artículo 311 del Código Penal», citan desde la Sundelegación del Gobierno en León.