Martínez Parra declara que pidió «por si acaso» las licencias en la cantera de Catisa

El fiscal mantiene la petición de seis años de cárcel para José Luis Martínez Parra, al que acusa de la comisión de un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente en relación con la actividad de la empresa Catisa en las canteras de un paraje de Carucedo, próximo a Las Médulas. De igual forma, el ministerio público sostiene la acusación de delito de prevaricación ambiental contra Clemades Rodríguez, alcalde del municipio en el que se encuentra la explotación, vinculado a las concesión de licencias para la actividad extractiva sin someterse a un estudio de impacto ambiental previo. Los abogados defensores pidieron al tribunal de la Audiencia Provincial de León una sentencia absolutoria para sus patrocinados, al entender que el alcalde y la empresa se ajustaron en todo momento a los dictámenes de la administración competente en la tramitación de las licencias. A informes de técnicos de la Junta. El representante del Ministerio Fiscal cimentó su informe de conclusiones tras diversas aportaciones periciales que abundaron en la irregularidad de la explotación, la ausencia de permisos y la secuencia que sucedió en la concesión administrativa de las autorizaciones. «¿Cómo es posible que si estaba todo en regla pidió usted una licencia de actividad en el año 2007?». «Por si acaso», aclaró Martínez Parra ante los interrogantes que le planteó la fiscalía por el tiempo transcurrido de actividad extractiva y los trámites para las autorizaciones. El empresario relativizó que la relevancia de la sociedad que explotaba la cantera dentro del grupo Martínez Núñez -»la constructora y la inmobiliaria eran mucho más importantes» y su poder de decisión en el conglomerado empresarial. «Llegué en 2002 cuando se decidió un consejo de administración y me nombraron consejero delegado». En contra de esa tesis, el fiscal defiende la responsabilidad ejecutiva del empresario en el estado actual del entorno en el que se explotó la cantera. «Ahí quedó el cráter, sobre un frente de explotación de un kilómetro, con un efecto visual ante un paraje protegido y monumento natural que obliga incluso a aplicar photoshop para elaborar documentos difusores del paraje», relató la acusación pública en un alegato contra la dejadez que había advertido en las administraciones a la hora de aplicar la legalidad en el proceso: «Junta y Ayuntamiento miraron para otro lado porque no interesaba un informe de impacto ambiental ante un negocio de cinco millones de euros con gastos de corrección de 12.000 euros anuales».

Frente a esa pasividad ante una licencia tardía para la cantera con impacto ambiental incluido, la fiscalía incrimina a Clemades Rodríguez por hacer caso omiso a los requerimientos consecutivos de la fiscalía advirtiendo sobre la ilegalidad e la actividad, así como dos sentencias del contencioso que ratificaban la ilegalidad de la explotación. Además de cuestionar que soslayara un informe del arquitecto del consejo Comarcal y tomar en consideración por conveniencia uno encargado a una catedrática. El abogado del alcalde insistió en sus conclusiones que el regidor no podía prevaricar al no tener competencias para definir si era preciso un informe ambiental o no para conceder el permiso. El proceso judicial quedó visto para sentencia.