El equipo de gobierno declara ante el juez por presunta prevaricación

El alcalde de Palacios del Sil, el popular Fernando Fernández Astorgano, y su equipo de gobierno —incluido el concejal de IU, Raúl Fernández Pinillas— tendrán que declarar hoy en el Juzgado de Villablino por un presunto delito de prevaricación urbanística que les imputa la Fiscalía y que ayer denunció públicamente el PSOE. Según los socialistas, el motivo que ha desembocado en este procedimiento judicial es el imcumplimiento de la obligación del equipo de gobierno de ejecutar algunos expedientes incoados en materia urbanística. «Se ejecutaron unos tajantemente y otros no, generando un agravio comparativo», aseguró la portavoz del PSOE en Palacios, Arabia Pérez.

Las obras que han motivado la apertura de este procedimiento judicial se remontan a hace varios años por las modificaciones realizadas en algunas cabañas de aperos de labranza que fueron transformadas en viviendas, según explicó el propio regidor, que mostró «perplejidad» por la denuncia realizada por el PSOE, teniendo en cuenta —dijo— que «se trata de un procedimiento administrativo, basado en unas licencias otorgadas por el anterior equipo de gobierno socialista». Argumento rebatido por el PSOE en cuanto a que el comportamiento ilícito que se atribuye al alcalde y su junta de gobierno es actual y no es otro más que «favorecer con sus gestiones y su voto a familiares y afines para sortear expedientes urbanísticos y, en cambio, ejecutar otros».

Los socialistas aprovecharon también la ocasión para recordar que es «la segunda imputación del alcalde en esta legislatura». La primera —apuntaron— se debió a la negativa de Fernández Astorgano a «facilitar acceso a la documentación municipal, como facturas, registro o expedientes», impidiendo así el ejercicio de la labor de oposición a los concejales del PSOE.

Por contra, el alcalde defendió la pulcritud de su actuación al frente del Ayuntamiento, insistió en que el las licencias urbanísticas que ahora están en entredicho se remontan a la etapa socialista, informó de que no sólo es el equipo de gobierno el implicado y denunciado, sino «varias decenas de personas, también concejales del anterior equipo de gobierno y sus familiares», y denunció el «acoso y derribo» al que está siendo sometido por parte del grupo de la oposición. Aseguró además que actualmente la Junta de Castilla y León está realizando los trámites necesarios para regularizar la situación de las cabañas y que la denuncia socialista no sólo es «un nuevo ataque» a su persona, sino que también esconde la intención de paralizar dichos trámites.