El borrador vincula expresamente el cobro del incentivo a contratos del carbón
La Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón del próximo martes analizará la propuesta de la ‘Orden por la que se regula el incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en instalación de producción de electricidad a partir de carbón autóctono’, un borrador en el que se explicita la «necesidad de garantizar un funcionamiento mínimo de la minería autóctona como soporte estratégico de especial relevancia para la seguridad de suministro del sistema eléctrico español». La orden argumenta que los estados miembros de la UE «podrán disponer que sea preferente la entrada en funcionamiento de instalaciones de generación que utilicen fuentes de combustión de energía primaria autóctonas en una producción de hasta el 15% de la cantidad total de energía primaria necesaria para producir la electricidad que se consuma», de ahí que el Gobierno se vea legitimizado para regular un mecanismo «que permita la continuidad de la producción de electricidad a partir de carbón autóctono, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa medioambiental».
Por ello, la norma establece un incentivo para aquellas instalaciones de producción de electricidad que utilicen carbón autóctono como combustible principal, un mecanismo «que se concreta en el reconocimiento de una retribución a la inversión en mejoras medioambientales». Así, según el borrador que se presentará el martes, el incentivo se concreta en una «retribución por unidad de potencia vinculada a la realización de inversiones medioambientales que supongan una mejora en los valores de emisión y sean necesarias para el cumplimiento de la Directiva 2010/75/UE sobre emisiones industriales».
La orden recoge tres requisitos para acceder al cobro del incentivo relacionados con el mineral. En primer lugar, las centrales deberán utilizar carbón autóctono para generar un porcentaje —aún sin concretar en la propuesta— de la energía eléctrica que produzcan, una condición «que deberán mantener durante todo el periodo de aplicación del incentivo». En segundo lugar, será «requisito necesario» para la aplicación del incentivo «la existencia de un contrato de aprovisionamiento de carbón autóctono producido a partir del ejercicio 2016» por una duración, también sin concretar, «que asegure el funcionamiento de la instalación». En este punto, el PP de León insiste en que, aunque figure el año 2016, es «irrenunciable» la exigencia de Herrera de que se vincule el incentivo a la compra de carbón «desde principio de 2015». Este segundo punto también recoge que las eléctricas deberán acreditar cada año la existencia de «compromisos firmes de adquisición de cantidades de carbón autóctonos firmados por cada uno de los suministradores» y realizar las inversiones medioambientales, con un calendario del proyecto de ejecución.
En tercer y último lugar, las eléctricas deberán finalizar el calendario previsto con los compromisos de inversión y «cumplir con los contratos de aprovisionamiento de carbón autóctono producido y facturado para cada año que se hubieran declarado» al Instituto del Carbón.