«Sabía que era ilegal guardar explosivos pero lo fui dejando y pasaron once años»

Ángel Francisco López Sierra, el vecino de Bembibre juzgado ayer por la Audiencia Provincial de León acusado de un delito de tenencia ilegal de material explosivo, aseguró en la sala que no había ninguna mala intención en su conducta y que era conocedor de que almacenar ese tipo de material es ilegal: «El problema es que lo fui dejando y al final pasaron once o doce años».

El Ministerio Fiscal mantuvo su petición de cuatro años de cárcel para el procesado y únicamente modificó su papel a la categoría de partícipe en los hechos en lugar de su condición de promotor, como se había estipulado en Ponferrada.

«Sabía que no tenía los permisos para disponer de ese material». Ex militar de profesión y minero durante un tiempo, el acusado había estado destinado en Bosnia en 1995 y posteriormente trabajó para una explotación del grupo Viloria en Tremor de Arriba. Fue así como accedió a los explosivos. 900 gramos de nagolita, 1.200 gramos del explosivo Orica Powergel 500, 31 detonadores eléctricos, 30 metros de cordón detonante y tres metros de mecha eléctrica; un arco de fabricación casera, flechas de madera y punta metálica, defensas de goma tipo tolfa y metálicas extensibles, un puñal y navajas.

«Estaba habilitado para su uso en el ámbito local, es verdad», reconoció en una declaración cargada de sinceridad en la que trató de convencer al ponente y a los magistrados (no consiguió su propósito con el fiscal) de que en realidad había cometido una irregularidad administrativa «pero nunca un delito penal».

La denuncia partió de la Guardia Civil. Un video en el que varios jóvenes de entre 20 y 25 años utilizaban los explosivos fue el detonante. «Pensé que era para pescar en el río, pero nunca les expliqué cómo se utilizaba». Los muchachos, interrogados por la Benemérita, confesaron quién les había hecho llegar el material.

«Les advertí que no iba a funcionar porque era material caducado», explicó a preguntas de su defensa. «Llevaba caducado más de diez años». En el informe final, el letrado defensor aludió a la legislación vigente y a las pruebas científicas realizadas para determinar la composición de los explosivos. Según su versión, la concentración de nitrato ya no es suficiente tantos años después como para que legalmente se considere que se trata de un explosivo. Citó el letrado jurisprudencia vigente para sostener jurídicamente su tesis.

«Fue un error que cometí y una estupidez tenerlos allí, porque nunca tuve intención de usarlos. Sé que sonará a excusa pero antes era muy común usar explosivos de este tipo ara cortar castaños. Nunca tuve un fin delictivo en mente».

Tres agentes de la Guardia Civil declararon por videoconferencia al respecto. «El informe técnico dice que el material funcionaba y que era apto para el uso. No estaba oculto, lo tenía a la vista en su casa», explicó el primero. «A simple vista estaban en buen estado, pero reconozco que yo no tengo los conocimientos necesarios como para asegurarlo. La sensación que daba era que estaban bien».

El fiscal solicitó una pena de cuatro años de prisión para el imputado: «Ha reconocido en este acto que no tenía autorización y sabe que su posesión es ilícita. La tenencia de explosivos es un delito en abstracto, no es necesario que vayan a ser usados, como ocurre en el caso de la tenencia ilícita de armas».

La defensa solicitó la libre absolución de su cliente. «No ha quedado acreditado que el material tuviera capacidad explosiva».

El turno final de palabra ofreció un par de reproches del sospechoso: «Uno de los guardias ha puesto en mi boca cosas que yo no he dicho y tampoco me creo que el informe de los Tedax afirme que explosivos con doce años de antigüedad sean útiles». El caso quedó visto para sentencia.