La Oficina Judicial entra en servicio en medio de una rebelión del funcionariado
Justicia defiende la «agilidad» del nuevo modelo frente a las críticas de los trabajadores.
El vocal de CGPJ, la subdelegada del Gobierno y el secretario general de la Administración de Justicia, ayer a su llegada a los juzgados.
Ponferrada es ya una de las diez ciudades de España —además de Burgos, Murcia, Cáceres, Ciudad Real, León, Cuenca, Mérida, Ceuta y Melilla— en las que está operativa la Oficina Judicial después de que ayer entrara definitivamente en funcionamiento tras una inauguración que corrió por cuenta del secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, y el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Francisco Gerardo Martínez Tristán. Un acto que no estuvo exento de polémica, la generada por un nutrido grupo de funcionarios que protestaron por los cambios en negativo que introduce el nuevo modelo de gestión y que se resume en falta de personal y espacio, lo que conlleva —aseguraron— colapso y hacinamiento.
Pancarta en mano y a viva voz, los funcionarios denunciaron ante las autoridades asistentes lo que ellos consideran un error de base que va a restar calidad y agilidad al aparato judicial. Justo lo contrario a lo defendido, durante su intervención, por el secretario general de la Administración de Justicia, que subrayó que la Oficina Judicial basa su gestión en los parámetros de «eficacia y eficiencia» para superar definitivamente una «organización decimonónica caracterizada por la complejidad, la lentitud y la falta de racionalización de recurso».
«La Oficina Judicial es —dijo Dorado— un medio para alcanzar un fin: que el ciudadano tenga una justicia de calidad y una justicia ágil». Pero para conseguirlo —rebatieron los funcionarios— es necesario personal de apoyo y una reordenación del espacio que permita a los trabajadores del Palacio de Justicia ponferradino desarrollar su labor en unas condiciones dignas.
«En el Servicio de Ejecución hay menos gente de la que había antes. Hay una persona que lleva un juzgado y medio, cuando antes por cada juzgado había dos personas. Eso va a ir en perjuicio de la gente, se va a retrasar muchísimo la tramitación de los procedimientos», explicó la funcionaria Paula Puñal, denunciando también la eliminación de salas de espera, lo que provoca un intenso ruido, o los zulos sin ventilación que se han habilitado para las víctimas de violencia de género y sus agresores, en espacios, además, contiguos.
El personal lamenta que en ningún momento se ha contado con ellos en la implantación de la OJ y que, salvo en Ponferrada, «en todas las ciudades en las que se ha implantado la Oficina Judicial se han puesto funcionarios de apoyo.
