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Ponferrada condiciona la disolución de Pongesur a la Agencia Tributaria

El equipo de gobierno pedirá un informe oficial sobre el coste de la operación.

Imagen de la junta general de Pongesur, celebrada ayer tras la sesión plenaria.

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C. F. C. | PONFERRADA
Ponferrada

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El equipo de gobierno de Ponferradada está dipuesto a disolver la empresa municipal del suelo, Ponferrada Gestión Urbanística (Pongesur) debido a su falta de actividad y las pérdidas anuales que soporta siempre que los costes lo permitan. Así lo dejó claro ayer la concejala de Hacienda, Amparo Vidal, antes de anunciar, en el transcurso de la junta general ordinaria de la empresa pública, que el PP solicitará un informe a la Agencia Tributaria para que aclare el coste real del traspaso de las propiedades de Pongesur a su único accionista, el Ayuntamiento.

La sesión sirvió para que el ex alcalde Samuel Folgueral, reiterara que si la anterior corporación que presidió no disolvió Pongesur fue por ahorrar al Ayuntamiento el coste de tres millones de euros que supondría el pago del IVA por el traspaso de los terrenos de La Rosaleda, el Parque de la Juventud y Compostilla que posee la sociedad y que suman más de medio millón de metros cuadrados. Folgueral aseguró que no quiso «cargar un gasto innecesario» al Ayuntamiento y decidió esperar a que el Gobierno exima a los ayuntamientos de pagar el IVA por el traspaso de la titularidad de bienes de sociedades municipales que se disuelven.

Con todo, Vidal, y también lo pidieron la mayoría de grupos de la corporación, aseguró que el equipo de gobierno optará por solicitar el informe a la Agencia Tributaria, y tampoco descartó la celebración de un pleno monográfico sobre Pongesur, en vista de las críticas que vertieron desde la bancada de Ponferrada en Común, Coalición por el Bierzo —que reprochó a Folgueral que incumpliera su promesa de disolver la sociedad—, Ciudadanos y el PSOE. Sólo Tarsicio Carballo, que fue miembro de Pongesur y se sintió aludido cuando el portavoz de PeC aseguró que en la calle se conocía a la empresa como «la cueva de Alí Babá», insistó en que la sociedad del suelo había permitido a Ponferrada afrontar obras millonarias y retirar la montaña de carbón.

La junta aprobó unas pérdidas de 63.867 euros y redujo a cinco los miembros de su consejo.