Un acuerdo para dividir la pena en dos evita ir a la cárcel al Rambo de Quilós

Miguel Antonio Reguera González, el ‘Rambo de Quilós’ vecino de esa localidad y acusado de los delitos de tenencia ilícita de armas, tenencia de armamento de guerra y tenencia de explosivos, aceptó ayer dos condenas de dos años de prisión, tras el acuerdo tácito alcanzado por su defensa y el Ministerio Fiscal para reducir a la mínima expresión los once años de cárcel que se pedían inicialmente en el escrito de calificaciones provisionales.

Esta circunstancia permitirá que una vez que se haga pública la sentencia, que estará lista en menos de dos semanas, el procesado evite el ingreso en la cárcel, puesto que ninguna de las dos condenas supera los dos años de cárcel, por lo que se puede habilitar la suspensión con la consiguiente posibilidad de que el penado evite el ingreso en el Centro Penitenciario Provincial de Villahierro, a condición de no volver a incurrir en delitos de estas características durante el periodo estipulado.

El juicio, celebrado ayer por la mañana en la Audiencia Provincial de León, demoró su inicio por espacio de casi media hora. La sombra de un pacto para buscar una sentencia de conformidad cobró cuerpo en la sala de vistas principal del Palacio de Justicia. Apenas 30 minutos más bastaron para corroborarlo en sala. Respondiendo con monosílabos, el procesado reconoció la autoría de los hechos que se le imputaban y ser la persona que protagonizaba varios vídeos en Youtube haciendo uso de las armas mientras un amigo le grababa.

Él no quería

No quería cometer ningún delito ni quería causar daño alguno a nadie, manifestó a preguntas de su abogado. Los peritos, mayoritariamente agentes de la Guardia Civil, explicaron a la sala lo que ya se sabía: que las armas estaban en perfecto estado para su utilización, que no eran objetos de coleccionista sino que estaban en disposición de ser usadas y lo más importante, que los cargadores habían sido retocados para que en lugar de albergar los cuatro cartuchos que permite como máximo la legislación vigente, pudieran ser utilizados con un número ilimitado de disparos. Reguera Santos llegó caminando a la Audiencia Provincial minutos antes de las diez de la mañana. Acompañado por dos amigos y cubierto con una capucha, ayer ya no lucía la barba que le hizo tan característico en las imágenes de internet. Algo molesto por el asedio de los micrófonos, entro y salió con la misma celeridad. Dentro, sentado en el banquillo de los acusados, pareció tranquilo.

Matar a una persona

Los agentes de la Guardia Civil rechazaron la tesis de que los explosivos fuesen inocuos. «En algunos casos, a cuatro o cinco metros de distancia, podían perfectamente acabar con la vida de una persona», explicó uno de ellos. Fueron cinco los que comparecieron a ratificar sus informes periciales con un mismo denominador común: la tesis de que el acusado sabía bien lo que hacía.

Piezas de convicción

Por expreso deseo del Ministerio Público, una muestra de las armas decomisadas fueron exhibidas en la sala como piezas de convicción. Hasta tres viajes dieron los agentes para subir el material que portaban en un vehículo oficial, del que salieron fundamentalmente fusiles. Tendrán que se destruidos en cumplimiento de la sentencia. Son tres escopetas, dos carabinas, cuatro rifles, una pistola Valtro, una imitación de un Colt, una imitación de una Walter, dos imitaciones de revólver BKA, más de 300 cartuchos, dos cargadores, 22 metros de cordón para explosivos, una cerbatana con seis dardos, dos tiragomas, dos bates de madera, ocho bayonetas, una catana, dieciséis machetes, diez navajas, catorce armas blancas, doce puñales lanzadores y uno más de acero inoxidable, según el registro de la Guardia Civil.

En silencio

Tanto el condenado como su letrado declinaron la posibilidad de realizar declaraciones a la salida de la Audiencia Provincial. No obstante, Ramón García, el responsable de su defensa, sí reconoció a este periódico que de acuerdo a las disposiciones legales, lo lógico sería que su cliente evitara el ingreso en prisión. «Eso es lo que dice el Código Penal», explicó el profesional ponferradino que se ha hecho cargo de la defensa de los intereses legales del acusado hasta llegar al juicio.