Las pedanías denuncian el abuso de algunas operadoras al ocupar terreno comunal para antenas de móvil

No es la primera, tampoco es la única, ni será la última, aseguran. «Es un documento estandarizado, que tiene toda la pinta de haberse redactado para una distribución masiva», apuntan los servicios técnicos de asesoramiento a entidades locales sobre el escrito recibido por la Junta Vecinal de Villabuena- San Clemente, en el municipio de Cacabelos, en el que le comunican la decisión de la operadora de telefonía móvil de su decisión sin opción a negociar nada de reducir la cantidad que anualmente les abonan a la entidad local menor por la instalación de su antena de telefonía móvil en terrenos municipales.

«Nosotros tenemos dos antenas instaladas en terrenos de la junta vecinal, una de Movistar y otra de Orange, y es sobre esta última la que nos ha llegado la carta en la que nos dicen, no que no vayan a pagar nada, sino que van a pagarnos menos de lo que venían haciendo hasta ahora», asegura Rosa Gutiérrez, presidenta de esta pedanía del Bierzo central. En otras pedanías de la comarca, como las de Fabero o Bárcena de la Abadía se han recibido comunicaciones en términos similares.

Una notificación que ha soliviantado a la representante local tanto por el fondo como por las formas. «No nos lo comunican directamente, sino que lo hacen a través de una empresa intermediaria, MD7 Internacional LTD que nos vienen a decir que eso es lo que hay. Si queremos bien, sino que será la decisión de la operadora la rescisión del contrato».

En la misma, desde MD7 se aduce «a los cambios experimentados en el sector de las comunicaciones», así como un «cambio en el enfoque» e incluso «al incremento de los costes que tienen que soportar los operadores que les motivan a realizar una mejor gestión de las redes» para proceder a la modificación unilateral de los contratos en vigor.

Una modificación que en el caso de la pedanía de San Clemente-Villabuena se traduce en una merma cercana al 50% de las cantidades que venían percibiendo de esta operadora de telefonía móvil. «Por contrato nos ingresaban unos 1.500 euros al año, y ahora nos dicen que la renta fijada por la instalación de la antena en los terrenos comunales será de 184 euros, impuestos a parte, por cada trimestre, teniendo el contrato que nos ponen sobre la mesa una duración de cinco años, prorrogables a otros cinco», señala Pilar Gutiérrez leyendo textualmente la documentación girada desde MD7. En otros emplazamientos, desde los que se prensa servicio a un mayor número de usuarios, el abono de este arrendamiento de terrenos para la instalación de las antenas puede situarse por encima de los 4.000 euros anuales. «Esa es la cantidad que ingresábamos en Fabero y nos lo han reducido a una tercera parte. Y es lo que hay», apuntan desde la pedanía.

Unas cantidades, que no llegan ni aproximarse a las que en otras zonas ‘privilegiadas’ de la comarca están recibiendo por el alquiler de terrenos comunales para diversas instalaciones, como parques eólicos, pero que «ayudan» a la labor que anualmente realizan las juntas vecinales con ingresos limitados, como es el caso de la de San Clemente -Villabuena. «Nosotros, a parte de este ingreso sólo tenemos el alquiler de la explotación del Centro Cívico», señala la pedánea, quien con estas ‘habas contadas’ tiene que hacer frente a las necesidades de la pedanía de unos doscientos habitantes.

Por el momento, esta pedanía del Bierzo central ha optado por plantar cara al pulso lanzado por la operadora de telefonía móvil y rechazar la propuesta que les han hecho llegar. «Hemos hablado con ello y les hemos dicho que no estamos dispuestos a aceptar esas condiciones ‘leoninas’», aseguran.

Ahora, aseguran, que la ‘pelota’ está en el tejado de la empresa que debe decidir si da marcha atrás en su decisión inicial o por el contrario mantiene las condiciones anteriores del contrato de arrendamiento de los terrenos donde está instalada su antena de telefonía, en las inmediaciones de los depósitos de agua.