Penalización de 10.612 euros en dos meses por migrar a otra compañía

El origen de las desavenencias entre la empresa cacabelense y la compañía de telefonía arrancan el 1 de febrero de 2012, cuando Vodafone le plantea un tratamiento como ‘cliente VIP’, con un descuento del 50% en su facturación, cerrando un acuerdo «para líneas que se firmen a raíz de ese contrato en lo que a permanencia se refiere, y no a las ya contratadas anteriormente», según explica el abogado de la empresa, Alberto Zurrón. En octubre de ese mismo año, la empresa berciana decidió migrar a otra compañía «momento en el que le aclararon las penalizaciones que se le aplicarían en virtud de ese contrato, por lo que, mi cliente decide permanecer los 24 meses establecidos y comunica que a fecha de 1 de febrero de 2014 no desea renovación alguna», apuntó la defensa en su escrito de relato de los hechos.

Pese a ello, la compañía telefónica en cuestión procedió a facturar a este cliente a fecha 1 de marzo de 2014 «14 cargos de 250 euros por incumplir un acuerdo que no se había renovado», y un mes más tarde otros «cuatro cargos yuxtapuestos al anterior de 250, 500 y 1500 euros por incumplir el acuerdo por el que se beneficiaba del descuento».

Unas cantidades que ahora el juzgado reconoce como cobradas irregularmente y que obliga a su devolución.