El Canal Bajo elige su tercer presidente en cinco meses en una junta crispada

m. macías | Ponferrada

Las aguas bajan turbulentas en la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Bierzo. Así se puso de manifiesto en la tensa junta general de comuneros celebrada en la mañana de este domingo en el salón de actos del Iesve de Ponferrada donde se debía escenificar la toma de posesión del nuevo presidente —el elegido para el cargo en la asamblea de noviembre era Argimiro Martínez—. Sin embargo, la reunión arrancó con la renuncia presentada por el presidente electo, quien no llegó a tomar posesión, por lo que los presentes ratificaron que quien debería tomar las riendas de la Comunidad debería ser la persona que, en principio, había sido designado para ocupar el cargo de vicepresidente de Martínez. Así, y de forma interina hasta el próximo mes de noviembre, el cargo lo ostentará el vecino de Priaranza del Bierzo, José Luis Prada Merayo.

La elección de Merayo fue el primer punto de una junta general de comuneros en la que la tensión, los reproches e incluso las descalificaciones estuvieron a la orden del día. Así sucedió al la hora de debatir buena parte de los puntos que figuraban para ser debatidos en esta sesión, y entre los que se incluyó la restitución al cargo de secretario de Lorenzo García, apartado del mismo durante la última etapa del anterior presidente.

Tampoco la tranquilidad se recuperó a la hora de debatir el presupuesto con que contará el Canal Bajo en el presente ejercicio. Y es que, según apuntaron desde la nueva dirección de la Comunidad, el aprobado en el mes de noviembre no es suficiente para afrontar todos los gastos de funcionamiento y mantenimiento del colectivo de regantes «porque entonces cuatro o cinco señores lo decidieron». Unas manifestaciones que soliviantaron, todavía más, al sector crítico, que recordaron que fue aprobado por la Junta General. Finalmente, el presupuesto revisado fue aprobado en una reñida votación con 138 votos a favor y 119 en contra. Así, las cuentas del Canal Bajo ascenderán en 2017 a 557.000 euros, con una subida del 8,5% en las cuotas a pagar por los comuneros (pasa de 134 euros por hectárea a 145,40 euros).

También se sometieron a aprobación las cuentas de 2016, que en el apartado de ingresos ascendió 557.847 euros, mientras que los gastos se quedaron en 527.000 euros. Pese a este primer impacto positivo en las cuentas de 2016, desde la dirección se reconoció la existencia de una deuda pendiente de pago de 105.000 euros.

También en el apartado económico se dio cuenta de la existencia de cuotas sin cobrar —algunas que se remontan a 20 y 30 años— por un importe de 216.000 euros. Para ello se han iniciado negociaciones con la CHMS a fin de, en primer lugar, poder identificar a los propietarios de las fincas que no han pagado el canon anual, y luego intentar su recuperación por vía ejecutiva a través de la Diputación Provincial.

También se abordó el tema de la modernización del regadío, donde volvieron a registrarse reproches, si bien las posibilidades de que la misma se pueda acometer son escasas.