Merayo confía en que el juzgado le auxilie en su lío con la basura
La presión de los técnicos y asesores obliga a la alcaldesa a buscar una salida jurídica
La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, en una imagen de archivo. L. D. M.
dl | Ponferrada
El conflicto generado en el Ayuntamiento de Ponferrada en torno al contrato de la recogida de la basura, la limpieza viaria y el mantenimiento de parques y jardines de la ciudad continúa encallado. Lejos de cumplirse las infundadas previsiones de Gloria Fernández Merayo, en las que apuntaba a una rápida resolución del conflicto, la salida del ‘túnel’ parece más lejano que nunca. Y es que, según recogía en el día de ayer El Bierzo Digital —una información que este periódico intentó contrastar infructuosamente a lo largo de toda la jornada con algún edil de Fernández Merayo— «el equipo de gobierno baraja acudir a los tribunales para que aclaren la forma de ejecutar la sentencia de la limpieza».
Una información que corroboraría lo que a lo largo de toda la pasada semana ha venido sosteniendo Diario de León sobre las dificultades —ignoradas e incluso despreciadas de antemano por la alcaldesa de Ponferrada— y discrepancias evidentes entre los componentes de la mesa de contratación e incluso entre el equipo de expertos que deberían reevaluar las ofertas de las concurrentes al proceso de licitación.
Una salida a la que se habría visto abocada por la presión de los técnicos y asesores en este proceso, teniendo que dar marcha atrás en sus primigenias e «improcedentes» intenciones , que la llevaron a proponer una adjudicataria a la mesa, como en su día se apuntó desde USE-Bierzo.
Y es que, al poco determinante informe de los expertos se sumaría la división al cincuenta por ciento de los integrantes técnicos de la mesa de contratación sobre la forma de aplicar la sentencia del TSJ. Un fallo que se limita a pedir la corrección de puntuaciones técnicas y económicas ajustadas a los criterios del pliego de licitación, sin entrar a determinar si los mismos se deberían aplicar a todos los concurrentes o sólo a la empresa que presentó la demanda judicial. Una difícil papeleta que dejaría la responsabilidad final en los integrantes políticos de esa mesa, motivo por el que se estarían planteando recurrir al juzgado en busca de auxilio.
En la diferente interpretación del fallo judicial por parte de los técnicos hay un elemento que está sobre la mesa desde la anterior licitación y que ayudaría a explicar las posturas encontradas. Uno de los elementos de la batalla judicial que se resolvió con el fallo del TSJ es el tamaño de la letra en la que se deberían presentar la ofertas —Arial 10— (una circunstancia de mayor trascendencia de lo que a simple vista pudiera parecer, pues a menor tamaño de letra utilizado más información se puede incluir en la oferta).
Sin embargo, entonces uno de los licitantes pidió aclaraciones a los técnicos municipales al respecto (en concreto la pregunta formulada fue: «El tipo de letra debe ser Arial de tamaño 10, pero ¿se pueden presentar imágenes insertadas, planos, fotos o cuadros en tamaño diferente?». La respuesta del Ayuntamiento fue: «El tamaño Arial 10 es para la letra»).
Tras esta aclaración se aplicó el criterio de que el tipo de letra Arial 10 sólo sería exigible para los textos y no para los archivos adjuntos. Ahora la disyuntiva está en si se mantiene este criterio o se muta tras el fallo del TSJ. De mantenerse no habría lugar al cambio de puntuaciones en el sobre técnico entre las dos aspirantes —con mejor puntuación para FCC—, mientras que si se decidiese aplicar la interpretación contraria a la original del Ayuntamiento, las dos empresas tendrían cero puntos en esta valoración técnica —las dos incumplirían la exigencia— y serían descalificadas, con lo que ya no se entraría a valorar el sobre económico –donde también hay distintas interpretaciones—.