Merayo dice ahora que hay que estudiar los informes jurídicos del contrato de la basura
«Son informes densos y, una vez que se analicen, veremos lo que hacemos con el resto de grupos».
dl | ponferrada
Donde dije digo, digo Diego. La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, parece que no tiene tan claro la resolución del conflicto abierto a propósito del contrato del servicio de recogida de basuras y, si bien, ante la última reunión de la mesa de contratación propugnó la entrega del contrato para los próximos 17 años a la empresa Urbaser, ahora dice que hay que estudiar bien los informes jurídicos. Y no sólo eso, sino que deja en manos del resto de grupos de la oposición la resolución del problema. «Ha habido unos informes jurídicos que tenemos que estudiar, son informes densos y, una vez que se estudien, se valorarán en junta de portavoces y veremos lo que hacemos entre todos los grupos», dijo Merayo.
Cabe recordar, en este sentido, que la propuesta ratificada por la mesa de contratación salió adelante con la abstención del asesor jurídico y la secretaria general, que no habrían dudado en manifestar sus reparos y en su decisión habría pesado el hecho de que los errores en la plica de la primera adjudicataria (FCC) que fueron denunciados, también estarían presentes en la oferta de la empresa por la que ahora se ha decantado la mesa de contratación.
Merayo aseguró ayer haber mantenido ya reuniones al respecto tanto con el PSOE, como con Coalición por el Bierzo (CB) y Ciudadanos (C’s) y, todavía por la mañana, confiaba en cerrar el día habiéndose reunido con el resto de grupos. «Ponferrada la hacemos entre todos y entre todos decidimos», dijo la regidora, que ahora busca el respaldo del resto de grupos, a los que atribuye la misma corresponsabilidad que el equipo de gobierno que encabeza. «Entre todos tomaremos la decisión más adecuada para Ponferrada», dijo, esperando «contar con el apoyo de todos» y aludiendo a la «conciencia y a la integridad» de cada uno para ello.
Eso sí, pide la ayuda al resto de grupos, incluido USE, pero no duda en responsabilizar una y otra vez a su portavoz, el que fuera alcalde, Samuel Folgueral. «Quiero recordar que este equipo de gobierno no fue el que licitó, ni contrató, ni si quiera fuimos nosotros a los tribunales. Lo que nos toca es cumplir la sentencia», dijo sin tener muy claro a dónde llevan esos informes jurídicos. «Es un contrato muy importante, de una cuantía muy importante y vamos a hacer lo que marca el juez y, sobre todo, la junta de portavoces», añadió, restando indirectamente capacidad a la mesa de contratación, que debería ser imparcial.
En relación a la huelga, Merayo informó de que FCC ha solicitado permiso para negociar con los trabajadores. Un asunto que se abordará en comisión de gobierno y que supone que se permitirá sin problemas.