Reclaman 81.000 euros al exalcalde de Carucedo por derribar un puente
El Juzgado número 4 de Ponferrada emite un auto en el que decreta la apertura de juicio oral.
El puente demolido en 2013 daba acceso sobre una presa a la casa de la edil del PP, al fondo. L. DE LA MATA
Manuel Félix | Ponferrada
El caso del puente derribado en septiembre de 2013 en Carucedo, como paso sobre una presa de la Confederación Hidrográfica, que conducía a la casa de la por entonces concejala del PP, Ana Blanco, sigue coleando. El Juzgado de Instrucción número 4 de Ponferrada, que llevó la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil por la edil contra el ahora exalcalde socialista de Carucedo, Clemades Rodríguez, ha emitido un auto de apertura de juicio en el que fija una responsabilidad civil directa para el ex alcalde de 81.673 euros.
En la causa también está presente la acusación pública a través de la Fiscalía, que estima que el mandatario municipal incurrió en un delito de prevaricación al ordenar a unos operarios derribar el puente a primera hora de la mañana del 18 de septiembre de 2013.
Además de la responsabilidad civil también se plantea una petición de inhabilitación para cargo público por un periodo de nueve años. Cabe recordar que Clemades Rodríguez ya no es alcalde y está fuera de la política activa.
El pequeño puente sobre la presa que ordenó derribar el entonces alcalde llevaba 30 años construido, al igual que otros pasos de fincas y caminos situados en la zona. Esto hizo que la concejala enmarcase lo sucedido en una persecución personal y política contra ella, dado que incluso había un burofax de la Confederación Hidrográfica Miño Sil que indicaba al Ayuntamiento de Carucedo que no podía acometer la demolición del paso, dado que la principal perjudicada, aún tenía plazo oficial para presentar recurso y poder evitar así la demolición del puente. De hecho, en marzo de 2015, cuando el aún alcalde de Carucedo, Clemades Rodríguez, tuvo que acudir al juzgado instructor para dar explicaciones y someterse a las preguntas de la jueza, un de los interrogantes planteados fue porqué no hizo caso a un escrito firmado por la secretaria municipal de Carucedo el mismo 17 de septiembre (fecha de la demolición), en el que le advertía que a la vista de su dictamen de tirar el puente, «la resolución de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil de 28 de agosto de 2013, que impone la demolición del mencionado acceso, contempla un plazo de recursos a los interesados que no ha finalizado en la fecha de expedición de la resolución».
El puente ya desaparecido y motivo de la actuación judicial era de hormigón con dos paredes de mampostería,de 3,60 metros de largo por 4 de ancho.