La campaña policial de control de perros pone en pie de guerra en Ponferrada a los propietarios

maría carro | ponferrada

Hace algunas semanas que el Ayuntamiento de Ponferrada activó, a través de la Policía Municipal, una estricta campaña de vigilancia para garantizar el cumplimiento de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales de Compañía, principalmente en lo que tiene que ver con la recogida de excrementos y la circulación de los perros sueltos. Una acción que ha provocado gran indignación entre los propietarios por la «presión» y el «control desmedido» a la que están siendo sometidos en zonas como los parques del Plantío, el Temple y La Rosaleda, y también en espacios que no son de titularidad pública, como el área de tierra ubicada detrás del Campus Universitario, en el entorno de las piscinas municipales.

El malestar generado por las sanciones económicas que se han impuesto en las últimas semanas ha motivado, incluso, una recogida de firmas que los dueños de perros pretenden registrar en el Ayuntamiento, denunciando no sólo la presión policial, sino también la cuantía de unas multas que consideran «excesivas». «Nos están haciendo sentir como delincuentes cada vez que salimos de paseo con nuestros perros», afirman los propietarios de mascotas, considerando que no se puede generalizar y que no todos los perros suponen un riesgo ni provocan molestias.

Hasta 300 euros han tenido que pagar algunos sancionados por pasear con el perro suelto. Una cantidad que se va incrementando progresivamente si hay reincidencia y aunque el animal en cuestión no pertenezca a las denominadas razas peligrosas (pitbull terrier, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier, rottweiler, dogo argentino, dogo tibetano, fila frasilerio, tosa inu y akita inu), que están sujetas a unas normas específicas. Y es que, la ordenanza municipal contempla sanciones de hasta 300 euros en caso de infracciones leves y hasta los 9.000 euros si son tipificadas como muy graves.

«El Ayuntamiento determinará espacios reservados para el esparcimiento y la socialización de los animales de compañía, los gestionará y establecerá sus zonas de uso», recoge la ordenanza en su artículo 18. Es decir, el marco legal determina unas zonas de esparcimiento canino perimetradas donde sí pueden ir los perros sueltos pero que son, a todas luces, insuficientes. Están en los parques de La Rosaleda y el Temple y son los únicos aptos para dar servicio a los más de 8.000 perros que hay en Ponferrada, según datos municipales. Además, algunos educadores caninos han explicado a este medio las desventajas de dichos recintos, donde obligatoriamente conviven perros de todos los tamaños y de diferente carácter, lo que puede generar grandes problemas.

Lo cierto es que el control policial vinculado a la campaña que ha estado llevando a cabo al Policía Local y de la que todavía no se han querido ofrecer datos ha generado gran malestar, sobre todo en zonas donde tradicionalmente y desde hace años han convivido perros sueltos, lugares de esparcimiento que sin ser oficiales no generan ningún perjuicio, al margen de los derivados de la falta de civismo de algunos propietarios que no recogen los excrementos de sus perros, pero que no son la mayoría. Este el caso de la zona de tierra ubicada detrás del Campus Universitario, en la parte alta de Ponferrada, donde, además, el Ayuntamiento no ha habilitado ningún área de esparciminento canino oficial.

Precisamente, consultadas por Diario de León, fuentes de la dirección del campus han negado haber emitido alguna queja por el uso de dichas instalaciones por parte de los perros. Reconocen, eso sí, que se dan ciertos problemas con aquellas personas que no recogen los excrementos o que, incluso, recogiéndolos con la bolsa, la tiran entre la maleza. Ponen el acento en este problema, del que también se quejan otros propietarios, pero no plantean ningún inconveniente porque se deje allí a los perros sueltos. De hecho, un guarda de seguridad controla el perímetro a diario.

Los propietarios de perros de Ponferrada se agarran a la propia ordenanza municipal para recordar a la administración local la obligación que tienen de darles «la oportunidad de ejercicio físico de acuerdo a sus necesidades fisiológicas y etológicas en función de su especie y su raza». Es decir, que no a todos los perros les sirve una zona acotada y vallada que, además, debe compartir con un número importante de animales. Por ello, proponen medidas como las que se han puesto en práctica en otras ayuntamientos.

Un ejemplo es la definición de una franja horaria para poder soltar a los perros en las zonas ajardinadas, que pudiera ir desde las 20.00 hasta las 10.00 horas y siempre dejando al margen a aquellos animales que sí creen molestias a otros ciudadanos y que no estén controlados por sus dueños.

«No podemos pagar justos por pecadores, cada caso es muy diferente», afirman.