El alcalde de Cacabelos se enroca a la espera del juicio por prevaricación

Diez meses después de que el juzgado decretara la apertura de juicio oral por supuesta prevaricación al impedir presuntamente al interventor titular del Ayuntamiento que se incorporara a su puesto de trabajo tras haber obtenido el alta por enfermedad, el alcalde de Cacabelos, Sergio Álvarez, se mantiene en su puesto a la espera de conocer la fecha de la vista y sin que la petición de 13 años de inhabilitación para empleo o cargo público que solicita el fiscal le haya empujado a dejar el PSOE.

Álvarez ha desoído la petición del Partido Popular para que deje el PSOE y siga el ejemplo del portavoz popular en el Ayuntamiento, Adolfo Canedo, que hace ahora un mes abandonaba su afiliación al conocerse la apertura de juicio oral y la petición de cinco años de inhabilitación por supuesta falsedad documental cuando era alcalde.

El caso que ha derivado en la apertura de juicio oral para Sergio Álvarez se remonta a principios de 2016, cuando el regidor «impidió» reincorporarse a su puesto al interventor titular del Ayuntamiento desde 2012, tras haber obtenido el alta por enfermedad, según relata el fiscal en su escrito de acusación del pasado mes de abril. Y lo habría impedido mediante un decreto de la alcaldía «sin seguir procedimiento legal alguno y careciendo de toda competencia». El fiscal asegura que el interventor se dirigió de nuevo a su puesto de trabajo al día siguiente y acompañado de un notario, «siendo otra vez denegada su solicitud en base al decreto de la alcaldía».

La Fiscalía insiste en que Álvarez carecía «de toda competencia para tomar la decisión de suspender cautelarmente en el ejercicio de su cargo al interventor titular» amparándose en la petición de medidas cautelares que el propio regidor había solicitado «ese mismo día en el expediente disciplinario» que le había abierto al funcionario. El fiscal recuerda que «dichas medidas cautelares fueron denegadas y el director de Ordenación del Territorio y Administración Local, órgano competente para adoptar las mismas, y la isntructora del expediente disciplinario, le advirtieron de la ilegalidad de su conducta y le requirieron en varias ocasiones para que procediera a la reincorporación del trabajador». Incluso la Consejería de Presidencia, recuerda el fiscal, requirió unos días después al alcalde para que cumpliera la normativa, «persistiendo el acusado en su actitud a sabiendas de su ilegalidad». De ahí que el fiscal entienda que «procede imponer al acusado la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de trece años».

La titular del Juzgado de Instrucción número ocho de Ponferrada que lleva el caso decretó en mayo la apertura de juicio oral en el Juzgado de lo Penal, en vista de la petición de la Fiscalía, y decretó la libertad provisional sin fianza de Sergio Álvarez.

Las peticiones del PP para que el PSOE expulse a Álvarez después de hacerse eco el mes pasado de la situación procesal del alcalde, no han dado, sin embargo, ningún resultado.