Álvarez acusa a Canedo de cobrar 60 € por alegación a las normas urbanísticas
El periodo de exposición pública del plan desata una nueva tormenta política en Cacabelos.
Sergio Álvarez, ayer, rodeado de su equipo de gobierno, en la rueda de prensa en Cacabelos. L. DE LA MATA
M.cachafeiro/M. macías | cacabelos
Hasta el día 27 de este mes de febrero tienen los vecinos del municipio de Cacabelos para hacer alegaciones a las nuevas normas urbanísticas del municipio. Algo menos de cuatro semanas que se anuncian con polémica por el nuevo enfrentamiento entre el equipo de gobierno y el Partido Popular. El alcalde, el socialista Sergio Álvarez, acusó ayer al popular Adolfo Canedo de «querer hacer negocio» con las alegaciones por la pretensión de cobrar 60 euros por cada una cuando se trata de un trámite que el Ayuntamiento hace gratis a los propietarios.
La idea última de Canedo, según el primer edil, es terminar llevando a los tribunales las nuevas normas, en otro caso de la judicialización de la vida política de la villa del Cúa. Cacabelos, según aclaró, estaba «viviendo en la alegalidad» con la normativa actual y ha sido la Junta quien ha impulsado el cambio, «no el Ayuntamiento», aclaró.
Canedo anunció la semana pasada la creación de una asociación de afectados. Según el alcalde, su sede está en la oficina del PP y los 60 euros lo dice la página web de los populares.
El proceso se ha iniciado 18 años después de que fueran aprobadas las últimas y con los criterios que ha establecido la administración autonómica, insistió Sergio Álvarez, que a modo de resumen enfatizó: «No podemos seguir manteniendo las mentiras del PP. Pero ellos quieren empezar ya la precampaña electoral en Cacabelos».
El concejal de Urbanismo, Alfredo García Albá, defendió las nuevas normas urbanísticas por cuanto «hay que adaptarse a la ley» y porque son necesarias «para solucionar los problemas urbanísticos que tiene el municipio». García Albá recordó que el proyecto está en periodo de información pública y que, con las alegaciones se quiere «ayudar y responder a las demandas de los vecinos». «Es un documento técnico y nos tenemos que adaptar a la ley actual», insistió. El edil pidió «cordura» a los vecinos. El documento, que se inició antes de su llegada a la Concejalía, ha tenido un coste de 100.000 euros para las arcas municipales entre estudios y trámites, precisó García Albá.
Por su parte, la representante de IU en el Tripartito del Ayuntamiento de Cacabelos, María Susana Vila Rodríguez, indicó que las alegaciones es la Junta quien las va a estudiar y exigió al PP que deje de «intoxicar» a los vecinos. «Lo que hace el PP es a la desesperada porque Canedo está muerto políticamente», añadió.