La alcaldesa de Ponferrada cesa de forma fulminante a Rosa Luna y abre un “periodo de reflexión” en la relación con Cs

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, anunció hoy el cese de la portavoz municipal de Ciudadanos (Cs), Rosa Luna, como presidenta del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (Imfe) debido a la “pérdida de confianza” que provocó el voto en contra de las dos ediles de la formación naranja al proyecto de presupuestos presentado por el equipo de Gobierno. La regidora anunció también la apertura de un “periodo de reflexión” para reconducir el pacto entre PP y Cs y para decidir quién se hará cargo de la responsabilidad del Imfe.

Fernández Merayo reiteró que la actitud de las dos concejalas de Cs fue “desleal con sus votantes y con los vecinos”. “Creo que las cosas no se pueden hacer así”, afirmó la alcaldesa, que reprochó a ambas ediles haber cambiado el sentido del voto anunciado sin informar de ello al equipo de Gobierno. En ese sentido, explicó que el compromiso de las ediles de la formación naranja consistía en optar por la abstención o ausentarse del pleno, pero “nunca plantearon un voto en contra”.

En la misma línea, Fernández Merayo acusó a Luna y Santín de ser “incongruentes e irresponsables” al “presentar unos presupuestos y votar en contra de su propia propuesta”. “Me hace poner en duda su idoneidad para estar al frente de una organización tan importante como el Imfe”, aseguró la regidora, que consideró que Luna “no está a la altura de la responsabilidad”.

La decisión de cesar a Luna, tomada tras reunirse con el resto de miembros del equipo de Gobierno, servirá para abrir un “periodo de reflexión” acerca del pacto mantenido entre Cs y PP, que “va más allá de esto”, señaló la regidora. En ese sentido, recordó que tanto la investidura como la aprobación de varios acuerdos formaban parte de ese pacto y se mostró partidaria de “reconducir la situación”. “Queremos tener una reflexión serena de hasta dónde se quiere llegar con este pacto”, concluyó. El cese de Luna, cuyo decreto se redactará hoy mismo, ya habría sido comunicado a su compañera de filas, Ruth Santín, ante la imposibilidad de contactar con la portavoz del grupo.

Fernández Merayo aprovechó su comparecencia ante los medios para valorar la sesión plenaria que tumbó ayer el proyecto de presupuestos presentado por el equipod e Gobierno. La regidora volvió a referirse a la jornada como “día triste” y defendió el “intento desesperado” por salvar las cuentas a través de una oferta a los grupos de la oposición para que distribuyeran los tres millones de remananentes de tesorería en las inversiones que considerasen oportunas, algo que calificó de “acto de generosidad”.

Tras el rechazo a las cuentas, la alcaldesa reconoció que “se podrá negociar alguna obra” pero destacó que la ciudad perderá hasta seis millones que sí figuraban en los presupuestos tumbados. Además, “lo más sangrante”, remarcó, es la pérdida de inversiones para las 16 pedanías del medio rural. “Vetaron la posibilidad de que haya obras en las pedanías y condenaron al ostracismo a los que más nos necesitan”, aseguró.

En la misma línea, criticó la “grandísima dificultad” que supondrá el rechazo al nuevo techo de gasto, que debía haberse incrementado de 51 a 58 millones. La imposibilidad de aumentar la partida de personal provocará que no se puedan cubrir los acuerdos alcanzados con los sindicatos para hacer frente a un aumento salarial del 1,5 por ciento ni se podrán convocar las 16 plazas de Policía Municipal. “Tenemos dinero pero la oposición no nos lo deja gastar”, resumió la regidora, que consideró que el rechazo al proyecto constituye “un bofetón a los intereses de los ponferradinos”.

Tras el rechazo, las dos prioridades del equipo de Gobierno pasan por “encontrar la fórmula” para salvar dos proyectos de envergadura como las obras en el Castillo de los Tenplarios o el Área de Regeneración Urbana (ARU) en el barrio de La Puebla. En el primer caso, el Ayuntamiento debe aportar 300.000 euros para un proyecto que suma inversiones por valor de dos millones En el caso del ARU, la aportación municipal es de 150.000 euros para un proyecto con un montante global de más de 4,5 millones. “No podemos permitir que por no aportar esas cuantías, se pierdan esas inversiones”, remachó.

“Actitud vergonzosa”

Fernández Merayo también se refirió a la actitud mantenida en el pleno de ayer por los concejales de USE Bierzo, que calificó de “vergonzosa”. “Se confirma una vez más que no tienen palabra”, criticó la regidora, que acusó a la formación liderada por el exalcalde Samuel Folgueral de practicar el “travestismo político”.

En esa línea, remarcó que, tras múltiples reuniones, el equipo de Gobierno tenía un acuerdo “cerrado al 95 por ciento” según el cual USE habría “barajado la abstención” a las cuentas. Además, recordó que al no poder incrementarse la partida destinada a personal no se podrá incluir la partida específica para la devolución de los sueldos de los concejales del anterior Gobierno bipartito de la ciudad.

Según explicó Fernández Merayo, los ediles afectados deberán continuar reintegrando los salarios percibidos durante su etapa al frente del Ayuntamiento, tal y como indica una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para reintegrar los casi 400.000 euros totales antes del 7 de enero del año próximo. Al respecto, el acuerdo de la Junta de Gobierno que dio luz verde a la compensación a estos ediles está condicionado, por un informe de la interventora municipal, a que exista consignación presupuestaria en unos nuevos presupuestos o a través de modificaciones de crédito.