Merayo defiende la legalidad de todas sus actuaciones en el Ayuntamiento

dl | ponferrada

«Siempre hemos actuado con la legalidad en la mano y transparencia». La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, defendió ayer su honorabilidad y la de su equipo de gobierno en el pleno forzado por PSOE, Cs y PeC para tratar las grabaciones de la Udef en el marco de la operación Enredadera. «No he cedido a ningún grupo», dijo en el alegato final con el que se cerró la sesión tras dos horas de debate y reproches con los grupos de la oposición que firmaron la convocatoria.

En esta ocasión, tanto Merayo como los portavoces del PP, USE y CB, Ricardo Miranda, Samuel Folgueral y Pedro Muñoz respectivamente, que también aparecen en las conversaciones, remarcaron su inocencia y atribuyeron su aparición en la investigación a los contactos normales que mantienen con diferentes sectores sociales y empresariales de la ciudad y del Bierzo. Por contra, tanto PSOE como Cs y PeC insistieron en sus sospechas. «El Ayuntamiento no está, de momento», advirtió el portavoz socialista, Olegario Ramón, que no descartó que se termine abriendo una pieza separada en Ponferrada como en Astorga y León a la vista de la información que se está filtrando.

Gloria Fernández Merayo, que aclaró que no hay ni ningún tipo de imputación, ni tan siquiera un contrato adjudicado a la trama bajo su mandato, insistió en que las grabaciones hacen referencia a temas «heredados» como el TUP y el contrato de la limpieza en los que «nunca» ha dado una instrucción a los técnicos municipales.

El Pleno llenó los asientos del público en la primera parte y fue un continuo rifirrafe entre el equipo de gobierno y los tres grupos convocantes de la sesión, sobre todo con el PSOE —al que Miranda le recordó que hay citas en los papeles de la Udef de otros ayuntamientos como La Bañeza o Santovenia, no investigados— y Rosa Luna (Cs), a la que el portavoz del PP le reprochó que dos de los detenidos de Cs citan al partido en Ponferrada en sus conversaciones. «Aquí no hay nadie investigado», aclaró el también concejal de Movilidad. Miranda, que insistió en que «la alcaldesa tiene derecho a reunirse con quien quiera». Sí admitió haberse reunido con un directivo del TUP en una cafetería cerca de su casa para hablar de los «plazos del expediente», reunión que aparece en los papeles de la Udef, aunque restó trascendencia al encuentro porque «no hay pliegos» aún. «Son temas heredados que hay que resolver», insistió, sin dejar de lamentar que tenga que dar «un maremagnum de explicaciones sobre algo que no está siendo investigado por nadie».

Para Miguel Ángel Fernández, de PeC, el equipo de gobierno está «bajo sospecha» y emplazó a la Corporación a «acabar con este chabaneo». Por Cs, Rosa Luna reclamó explicaciones sobre las escuchas e instó a la alcaldesa a «hacer efectiva la transparencia de la que presume». «Desde luego Ciudadanos está buscando la transparencia», insistió.

Por USE, Samuel Folgueral, ironizó sobre la trascendencia que se ha dado a su aparición en las conversaciones y dijo que se reúne con todo el mundo para formarse un criterio y poder tomar decisiones como concejal.

Pedro Muñoz explicó por qué aparece en una de las transcripciones de la Udef -que fue aceptada por los grupos- y, en su segunda intervención, lamentó que la repercusión pública de esta trama haya servido para iniciar «una causa general» en la que se está «haciendo leña del árbol caído» en alusión al principal investigado. Tarsicio Carballo, del PRB, recordó que la trama afecta a PP y PSOE y acusó a Cs de ser «sus jefes» al poner y quitar gobiernos como el de la Junta.