La Junta reclama no quemar la poda de los sotos para proteger al enemigo de la avispilla
Hay que dejar pasar dos años hasta hacerlo para que el Torymus pueda salir de las agallas.
m. c. | ponferrada
La lucha biológica contra la avispilla del castaño es uno de los retos inmediatos que enfrentan tanto la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León como, y sobre todo, el sector. La pasada primavera, la administración autonómica autorizó la suelta del enemigo número uno de la avispilla, el Torymus sinensis y una vez ejecutado el plan, es preciso respetar todas las fases y garantizar la supervivencia del parasitoide llamado a mantener a raya a la plaga que amenaza a los sotos bercianos. Por eso, Medio Ambiente ha lanzado una serie de recomendaciones que pasan por no utilizar insecticidas, no podar y, en esta época, no eliminar los restos de poda mediante quema.
«El proceso de control del Torymus sobre la plaga dura entre cuatro y ocho años, tiempo en el que el parasitoide tiene que ir estableciéndose en las zonas de suelta e ir aumentando su población. Por ello, con el fin de que se pueda establecer en la zona y comenzar el control de la avispilla, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente advierte de la importancia de que se sigan una serie de normas en los puntos de suelta del Torymus», explican.
Esas medidas son las siguientes: no utilizar ningún tipo de insecticida en un radio de cien metros desde el lugar de suelta, sobre todo en primavera y principios de verano; además de no realizar ninguna poda hasta mediados de noviembre y, una vez pode, no quemar ni los restos, tanto hojas, como ramas. Así hay que hacerlo «hasta pasadas dos primaveras después de la poda, con el fin de dar tiempo a que todos los Torymus salgan del interior de las agallas», informaron fuentes de la Consejería.
Siguiendo estas normas —afirman los técnicos— «es probable que el parasitoide se pueda establecer y reduzca los daños causados por la avispilla». Eso sí, «nunca los eliminará del todo». El objetivo es estabilizar la población para que deje de constituir una amenaza.