«Agresividad manifiesta»

Álvarez, también jefe de Personal del Ayuntamiento, insistió en el juicio en que su decisión estaba motivada por el estado de salud del denunciante, que conllevaba una «agresividad manifiesta», como pusieron de manifiesto varias concejales que declararon como testigos. De hecho, aseguró que solo había recibido el alta médica a petición propia cuando dejó de recibir las prestaciones de la mutua por no acudir a las revisiones, y que a pesar de que «no volvió a su puesto de trabajo el Ayuntamiento siguió pagándole el sueldo».

Finalmente, se sometió a un análisis medico el 23 de marzo, cuando ya había causado baja en el Ayuntamiento de Cababelos al haber ganado la plaza de Fabero y el facultativo que lo examinó determinó que «no era apto para el trabajo».

La defensa se basó en estos argumentos para pedir la absolución del regidor. Esta no ha sido la primera vez que alcalde e interventor se ven en los tribunales, ya que el pasado 18 de julio el juzgado de lo penal número 1 de Ponferrada absolvió a González Uría de un delito de atentado a la autoridad por una supuesta agresión al regidor, si bien estableció para él una medida cautelar de libertad vigilada.

La denuncia del alcalde se remonta a agosto de 2015, cuando, tras una discusión, el interventor empujó al regidor para salir de su despacho.