patrimonio
Quiñones da luz verde a la desafectación del Ponfeblino
El trazado ferroviario de 60 kilómetros y el material pasan a la Junta.
El proyecto del Ponfeblino está más cerca con el paso burocrático dado por la Junta. L. DE LA MATA
dl | Ponferrada
El trabajo burocrático que ha impulsado desde 2017 el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, para que el proyecto del tren Ponferrad-Villablino, bautizado como el Ponfeblino, sea una realidad está dando sus frutos. Este trabajo burocrático necesitaba de la desafectación de la propiedad, para que el material y la infraestructura dejase de formar parte de la empresa Coto Minero Cantábrico (llevada por un administrador concursal) y pasase a la titularidad pública.
Así, ahora, Suárez Quiñones acaba de firmar la desafectación y patrimonialización del proyecto del tren minero, que parte de Cubillos del Sil a Villabino, dado que las vías de este tren desde Ponferrada fueron arrancadas en su día. Este documento refleja ya de una forma jurídica los bienes que pasan a ser propiedad de la Junta de Castilla y León, primer paso necesario para poder aprovechar turísticamente la infraestructura.
De esta forma, la Administración autonómica se hace con el trazado de los aproximadamente 60 kilómetros de línea férrea, que viene definidos en cerca de una treintena de parcelas, que en su totalidad suponen una superficie global de 370.000 metros cuadrados.
Esta desafectación instada a la concursal de Coto Minero Catábrico afecta igualmente a las construcciones fijadas en la zona delimitada de la infraestructura ferroviaria. También se incluye material como cuatro locomotoras diésel, 140 vagones tolva y un vagón cerrado «tipo F». La Junta echa en falta y lo ha reclamado a la propia concesionaria que entregue la locomotora 1005 Alco, así como dos vagones de viajeros que había inventariado y reivindicado el Consorcio del Ponfeblino, que quiere poner en marcha su aprovechamiento turístico.
Eso sí, en la rúbrica del consejero de esta orden se tuvieron en cuenta algunas alegaciones, como dejar fuera del inventario público un almacén en Villablino, que pidió la propia empresa CMC.